Desde AGD UBA nos pronunciamos en apoyo a Miranda Ruiz, médica residente de Tartagal procesada por realizar un aborto en 2021, en plena vigencia de la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo que conquistamos en las calles.
Repudiamos la decisión del juez Héctor Mariscal Astigueta de Tartagal, quien rechazó el pedido de sobreseimiento y dio curso a la causa por presuntamente obligar a una paciente a abortar. El hecho sucedió en agosto de 2021 a raíz de su asistencia a una Interrupción Legal del Embarazo, que fue realizada con medicamentos y autoadministrada por la paciente de 21 años, en plenas facultades para decidir, con su debido consentimiento informado y en conformidad con la Ley aprobada en diciembre de 2020.
Repudiamos asimismo todo el proceso judicial, que se inició por un médico objetor de conciencia (como el 98% de lxs médicxs del Hospital Juan Domingo Perón de Tartagal), quien violando la confidencialidad de los datos de la paciente advirtió a su familia. Tras la denuncia hecha por los tíos de la paciente, la presión de los medios conservadores en el lugar y la intervención de la Iglesia, la médica fue detenida durante varias horas y procesada, con la complicidad del Ministerio Público Fiscal.
Para garantizar la plena implementación de la Ley del aborto: basta de amedrentamientos a lxs médicxs que garantizan nuestros derechos. Basta de persecución y estigmatización a las mujeres que abortan. Separación de la Iglesia y el Estado. Sobreseimiento ya para Miranda Ruiz.