Como decimos desde hace más de un año, la AGD defiende la presencialidad como un hecho pedagógico, social y político. Es por eso que, desde el comienzo, nos hemos opuesto a una virtualización forzosa.
Todo el año pasado hemos trabajado nosotros, los estudiantes, los no docentes y las familias en mantener la vinculación pedagógica. Pero, las estadísticas oficiales ya reconocen que más de un millón de niñes, adolescentes y jóvenes han quedado excluidos del sistema educativo. Lamentablemente, teníamos razón: no se garantizaron las condiciones mínimas para la educación virtual que promovían la Unesco, el gobierno nacional y su ministerio de Educación, los provinciales, la CABA y los rectores.
Las y los docentes hicimos un gran sacrificio en preparar nuestras clases remotas y lo hicimos incrementando nuestra carga laboral sin tener un reconocimiento de los gastos de conectividad y equipamiento, degradando nuestras condiciones de trabajo como denunciáramos el año pasado frente al acta firmada por las burocracias sindicales, el CIN y el Ministerio de Educación.
El desgaste físico, laboral y psicológico, al que hemos estado sometidos los docentes, estudiantes y las familias, ha sido enorme. Es el resultado de la virtualización forzada. Ahora los medios masivos, los gobiernos y los factores de poder nos empujan a todos a una presencialidad a como dé lugar.
Muchos padres, niños, jóvenes, docentes, se preguntan: ¿hay condiciones para la vuelta a la presencialidad? Un interrogante legítimo.
La crisis humanitaria, sanitaria, social y económica nos afecta y nos angustia a todos. Para la AGD la primera opción sigue siendo la defensa de la vida, la educación y las condiciones materiales y pedagógicas para que la educación se pueda desenvolver en medio de esta crisis.
Nuestra primera respuesta es que hoy no están dadas esas condiciones. Y no por responsabilidad de la docencia.
Los responsables son los gobiernos que, en un año, han desperdiciado la oportunidad de mejorar las condiciones de infraestructura, de replantear los métodos y los contenidos pedagógicos en medio de una pandemia mundial desconocida en todo un siglo. Han privilegiado otras políticas. En lugar de liberar datos para estudiantes, docentes y no docentes, en lugar de realizar inversiones en infraestructura, en lugar de mejorar el transporte público para hacerlo seguro…, una vez más se han privilegiado los subsidios a esos factores de poder y una vez más se ha privilegiado a los acreedores de la deuda pública.
Los gobiernos y sus burocracias sindicales cómplices han tomado esa decisión, relegando una vez más las condiciones de vida, salud y educación que siempre dicen defender.
La AGD, que defiende la educación pública, hoy distribuye los kits escolares, como desde hace 15 años, mostrando su voluntad concreta de apostar a la presencialidad.
Si un sindicato como el nuestro hace este esfuerzo, ¿cómo es posible que a los monopolios de las telecomunicaciones no se les exija liberar los datos? ¿Cómo es posible que, en medio de este rebrote de la pandemia en el país se pretenda que 15 millones de niños, adolescentes, jóvenes, padres, tutores, docentes y auxiliares salgan a las calles sin vacunación, sin un plan de transporte y así circule el virus entre toda la población? ¿Cómo puede ser que se reconozca lo esencial de la educación, pero se ajusten presupuestos y salarios? ¿Cómo puede ser que nos dicen que defienden la vida pero elaboran protocolos de imposible aplicación en estas condiciones reales?
El ministro Trotta dice ahora que la educación es esencial. Pero deja librado a cada gobierno, a los rectores e incluso a los municipios la elaboración de los protocolos, sin intervención de los docentes, los no docentes, los auxiliares, los estudiantes y las familias. Ni en la elaboración ni en el control de su aplicación. No hay tampoco un cronograma claro de vacunación ni el lugar que la docencia universitaria tiene en él.
La ministra Acuña quiere crear burbujas, pero no explica cómo sostenerlas. Además, como todos sabemos en la docencia, dado los bajísimos salarios, existe el pluriempleo. Y los docentes de los niveles obligatorios y de nuestra propia universidad –de aplicarse la presencialidad- iríamos de un trabajo a otro contagiándonos y contagiando.
El Rectorado autoriza a que se abran los edificios de las facultades y que se puedan dictar aquellas actividades que sean consideradas estrictamente presenciales. Es decir, habilita la posibilidad a la vuelta a la presencialidad. Y aquí lo mismo: ¿están dadas las condiciones? Con aulas sin ventilación, problemas de infraestructura… La mitad de nuestros estudiantes universitarios trabaja, la mayoría de los docentes tenemos distintas designaciones en distintos lugares de trabajo.
¿Qué es lo que se pretende? ¿Salvar la salud y la educación o salvar la libre circulación de la fuerza de trabajo?
La AGD llama a las y los compañeros a la más amplia deliberación entre compañerxs de cátedra y lugares de trabajo.
Con una virtualización sin reconocimiento de gastos, sin derecho a la desconexión y con la pretensión de mantener la misma situación de 2020, con un presupuesto de ajuste, nuestras condiciones de trabajo y nuestra salud mental estarán aún más comprometidas que las del año pasado.
Con la presencialidad forzosa, como demuestra la experiencia de otros países, lo más probable es el contagio masivo.
La bimodalidad (semipresencial, semivirtual), requiere nombramientos para sostener el desdoblamiento. ¿Están? No. Fundamentalmente, en los niveles preuniversitarios de todos los colegios de la UBA, donde ni las autoridades presentan cómo organizar la presencialidad dada la cantidad de materias, talleres y actividades a contraturno que tienen los docentes.
La AGD reclama, en consecuencia, la convocatoria inmediata a la paritaria particular y nacional de condiciones y medio ambiente de trabajo para discutir la propuesta de la docencia. Que se convoque a la paritaria nacional para aumentar los salarios depreciados y el reintegro de gastos por conectividad y equipamiento. Y, como siempre, nos pronunciamos contra todo trabajo precario y por todo el pliego de reivindicaciones.