La encuesta optativa a la docencia de la UBA sobre las modalidades presencial, semipresencial, virtual y/o híbrida, que acaba de lanzar la Secretaría de Asuntos Académicos de la UBA, se inscribe en una tendencia que ha sido denunciada desde hace meses, cuando en distintas universidades se empezó a debatir y también a implementar formas de virtualización de la enseñanza como respuesta (pésima) al ajuste presupuestario del gobierno de Milei.
No tenemos reparo alguno contra las tecnologías (viejas y nuevas). Pero está claro que en un cuadro de ajuste presupuestario sobre nuestros salarios y de empeoramiento de las condiciones de trabajo y enseñanza –con el incremento de los traslados, los materiales de estudio, etc.– la eventual virtualización –parcial o total– de la enseñanza pre y universitaria significa una adaptación a las peores políticas universitarias de los últimos años.
En otras palabras, no están en debate razones “académicas” o “pedagógicas” sino estrictamente económicas, y desde la economía de quienes quieren destruir la universidad pública a la que hasta no hace muy poco denunciaban como “centro de adoctrinamiento”.
Ya vivimos la virtualización sin recursos o con nuestros recursos: desde el equipamiento hasta el pago de internet. Y lo denunciamos así incluso cuando la pandemia obligaba a un cuidado aislamiento tanto para docentes como para estudiantes. Ahora no enfrentamos una pandemia sino un ataque en regla a la universidad que no se resuelve con mayor distancia sino con movilización y lucha en defensa de nuestros derechos.
Sumemos encuestas para registrar el nivel de hartazgo de la docencia cada vez que cobra su salario devaluado o el aguinaldo a destiempo, cuando trabaja en condiciones cada vez más precarias, cuando carece de los materiales y la infraestructura para el trabajo de enseñanza, cuando percibe las irrisorias sumas de financiamiento de sus proyectos de investigación.
Abramos una gran deliberación sobre esta crisis para preparar el terreno a un no inicio hasta conquistar nuestros derechos.