viernes 23 de mayo de 2025

El gobierno resolvió anular el derecho de huelga y vaciar la paritaria docente

Un ataque a los trabajadores y las trabajadoras Este miércoles 21, a través de un DNU y a propósito de introducir modificaciones al régimen de la marina mercante, el gobierno de Milei-Sturzenegger resolvió limitar hasta su completa anulación el derecho de huelga. Lo hace a partir de una redefinición de “servicio esencial” y de la […]

Un ataque a los trabajadores y las trabajadoras

Este miércoles 21, a través de un DNU y a propósito de introducir modificaciones al régimen de la marina mercante, el gobierno de Milei-Sturzenegger resolvió limitar hasta su completa anulación el derecho de huelga. Lo hace a partir de una redefinición de “servicio esencial” y de la introducción de otra categoría fabulada: “actividad de importancia trascendental”. De este modo, una huelga en el servicio esencial deberá garantizar el 75% de la actividad normal y un 50% si es de importancia. Incluyen las actividades en telecomunicaciones, educación (jardín, primaria, secundaria, especial), salud, energía, agua, transporte marítimo y otras tantas actividades.

En otras palabras, según este decreto, no estaría garantizado el derecho de huelga de los y las trabajadoras, conquistado por las históricas luchas obreras y estatuido tanto en la Constitución nacional como en leyes laborales.

Además, con otro DNU, el gobierno resolvió retirarse de la paritaria docente con el argumento expuesto por Sturzenegger de que el Estado nacional no tiene que participar en un tema de competencia provincial. Es decir, vacía la paritaria —que ya no convocaba— para preparar un mayor desfinanciamiento del sistema educativo y de los salarios docentes. Esta medida también impacta en la docencia pre y universitaria, siendo que en esa paritaria se fija el piso de la Garantía Salarial.

Estos decretos se firman cuando comienzan a crecer las protestas y los paros –como la gran huelga fueguina o nuestro paro universitario– y cuando ni siquiera con una represión sistemática logran desalojar la presencia persistente de las y los jubilados todos los miércoles frente al Congreso.

AGD UBA denuncia esta política antiobrera; defiende el derecho de todos los derechos: a la huelga. Esto no se para con un repudio ni con denuncias a la justicia, como plantea la CGT. Como respuesta a un ataque sin precedentes en estos cuarenta años de vida democrática, se impone un paro nacional y un plan de lucha hasta tumbar estos decretos infames.