La llamada “ley de solidaridad” impuso una confiscación de todas las jubilaciones del régimen general y también de los investigadores.
Basada en esa norma ilegitima se “otorgó” un incremento de las jubilaciones, a partir del 1 de junio, del 6,12% y una jubilación mínima de $16.864, lo que equivale a un tercio de la canasta básica de los jubilados calculada por la defensoría de la tercera edad. Un grave retroceso para todxs lxs trabajadorxs en el camino de mantener nuestra conquista histórica del 82% móvil. Esta confiscación supera los 60 mil millones de pesos anuales y solo puede ser vista como un “ahorro” para quienes prioricen el pago de la deuda usuraria y los subsidios otorgados a Clarín, Techint o a la Sociedad Rural que se pagan con fondos de la Anses. En esa línea están la ley de Schiaretti que destruye la caja de jubilaciones provincial de Córdoba o el intento en de “armonización” del IPS en la provincia de Buenos Aires que afecta a todos los jubilados de esas provincias y, por lo tanto, a los docentes.
La AGD UBA, desde diciembre del año pasado, mostró su desacuerdo y pidió la derogación del articulado que atenta contra los haberes de los jubilados y pensionados. Con esa movilización, encabezada por la AGD y la CONADU Histórica, logramos que se excluyan los regímenes de jubilación de investigadorxs y docentes. Un paso en la defensa de las jubilaciones como salario diferido.
Los investigadores científicos y tecnológicos disponemos de un régimen especial: nos jubilamos con el 85% móvil de la remuneración total sujeta al pago de aportes al momento de la cesación definitiva en el servicio. Para financiar ese haber móvil aportamos el 13% sobre los salarios, en lugar del 11% del régimen general. Sin embargo, no tenemos un índice de movilidad propio –como docentes o docentes universitarios–, sino que al haber inicial del 85% del salario se le fue aplicando la movilidad del régimen general.
Así la ley de Emergencia, al suspender por 180 días la fórmula general de movilidad, nos dejó a los investigadores y científicos jubilados en una situación especial. Quedamos incluidos en la suspensión de la movilidad, aunque, al mismo tiempo, el artículo siguiente de la ley de Emergencia excluyó a todos los regímenes especiales incluido el de investigadores científicos (ley 22.929, decreto 160/2005) de la suspensión de sus movilidades respectivas.
En marzo, por las acciones que llevamos adelante desde la CONADU Histórica, el Gobierno eligió una movilidad “sustitutiva” a la fórmula suspendida (11,56%). Así determinó que se aplicara el ajuste por el RIPTE. Sin embargo, para junio, la movilidad de los jubilados investigadores científicos no será ni la fórmula general suspendida ni el ajuste por RIPTE sino que se aplicará el aumento general decretado. En concreto, en marzo, en lugar del 11,56% de la fórmula suspendida los jubilados y pensionados científicos, recibimos el 9,38% del RIPTE. En junio, en lugar del 10,9% de la fórmula suspendida, los jubilados científicos recibiremos el 6,12% de la movilidad general. Eso da una pérdida total del 7,65% por la vigencia de la ley de “solidaridad”. Exigimos por todos los medios gremiales y jurídicos que se aplique la movilidad a todos los jubilados y pensionados como investigadores
La AGD es una herramienta de defensa de los derechos y conquistas de lxs trabajadorxs independiente de los gobiernos y gestiones. Por eso nos movilizamos en defensa del índice de la ley macrista, al que enfrentamos en las calles, junto con la CONADU Histórica y otras organizaciones sindicales, políticas y populares, el 14 y 18 de diciembre de 2017 y ahora reaccionamos contra este capítulo del proyecto de la Ley de Solidaridad.
La “ley de solidaridad” mantiene el cuestionamiento de nuestros regímenes jubilatorios. Lo hace a través de la conformación de una Comisión que lo estudia. Para la AGD no hay nada que estudiar: al 82% y el 85% los conquistamos con una huelga de más de seis semanas y movilizaciones masivas en 2005. La Ley jubilatoria de la docencia universitaria fue votada por unanimidad por ambas cámaras. En el contexto actual de reformas jubilatorias ordenadas por el FMI, en todos los países y también en la Argentina, solo puede ser una revisión a la baja.
Nuestra Asamblea general del 26 de mayo ratificó la defensa del 82% y 85% móvil de nuestros regímenes jubilatorios y del 82% para todos los trabajadores, así como la necesidad de sumarnos a todas las acciones de los diferentes sectores en defensa de las jubilaciones.