El gobierno de Milei ratifica sus agravios a la docencia pre y universitaria. Por un lado, porque luego de 304 días sigue desconociendo la implementación de la ley de financiamiento universitario. Por el otro, por sus insultos o amenazas; una de las más recientes caracterizaba a quienes repudiamos sus políticas de desguace de la universidad y del sistema científico como “terroristas disfrazados de profesores, estudiantes o investigadores”. Una declaración que, con las recientes instrucciones de la fiscalía general para perseguir a cualquier opositor, constituye una gravísima amenaza.
A esta lista se le agrega una nueva por parte de un provocador serial, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, quien definió el paro en la UBA como “ilegal”, porque lo habría propuesto “un grupo de gente que no tiene personería”, “una agrupación”, cuya “única motivación es política”. El ataque a la Asociación Gremial Docente, un sindicato inscripto legalmente, con más de cinco mil afiliados y con un reconocimiento en 12 de las trece unidades académicas donde contamos con comisiones directivas, que además forma parte de la Conadu Histórica, es un vulgar ataque a la organización sindical independiente y combativa de la docencia pre y universitaria de la UBA.
Álvarez, uno de los asiduos panelistas de Carajo, podría ahorrarse sus mentiras, agravios y mayúsculas en sus tuits. En lugar de eso, podría concentrarse en una tarea: garantizar que se aplique la ley, que se recompongan los salarios de los trabajadores universitarios y las becas para los estudiantes de todas las universidades del país.
Mientras no haya solución a nuestro reclamo, habrá paro. Legal y legítimo por la fuerza de la docencia de nuestra universidad y del conjunto de las universidades nacionales