Asamblea General el Jueves 22 a las 18 hs en Chile 2181
Ante el repudio masivo en las urnas al macrismo, el propio gobierno, el FMI y Wall Street desataron un brutal ajuste sobre los trabajadores, jubilados, desocupados y demás sectores populares. Con un dólar a más de 60 pesos y el riesgo país a casi 2000 puntos, el salario mínimo hoy es igual a 200 dólares y la jubilación es de apenas 150. El capital financiero realizó de hecho, en 24 horas, el golpe a nuestros bolsillos que tenía preparado para después de las elecciones.
El presidente no se hizo cargo de los resultados del domingo y fue cómplice silencioso –o más bien uno de los artífices– de las maniobras especulativas del “mercado” y el capital financiero, que en 24 hs consumaron una megadevaluación.
Mientras Macri acusa a los ganadores, las góndolas se vacían, los supermercados remarcan, las petroleras exigen aumento y el peso se devaluó un 33%. Todos saqueos a nuestros salarios. Los anuncios “paliativos” del miércoles son una provocación mientras sigue la fuga de capitales de los que se benefician con la bicicleta financiera y las tarifas dolarizadas, incluidos los funcionarios del gobierno. Del otro lado Fernández declara que se trata de «el sinceramiento» del precio del dólar, y que el mismo es “razonable”.
Esta escalada inflacionaria le da un nuevo golpe a la educación pública. Esto se constata en que, mientras los insumos y las tarifas siguen dolarizadas, el presupuesto de las universidades nacionales y de ciencia y tecnología está congelado en su totalidad y se profundiza la destrucción de la educación pública.
Lxs trabajadorxs y como parte de lxs mismxs la docencia universitaria y preuniversitaria, no podemos quedarnos de brazos cruzados frente al terrorismo lanzado por el gobierno y los beneficiarios de sus políticas, y ver por televisión cómo se siguen destruyendo nuestras condiciones materiales de vida, el derecho a la salud, a la jubilación, a la educación pública y nuestras fuentes de trabajo.
Rechacemos el operativo de resignación que se ha lanzado por todas las redes para contener cualquier acción de defensa de clase. La AGD UBA considera imperioso el llamado a asambleas generales en todos los sindicatos de base (con asambleas en cada lugar de trabajo, incluyendo sedes y escuelas) y a un Congreso de nuestra Federación para discutir la defensa del salario, las designaciones rentadas de los ad honorem, el Convenio Colectivo de Trabajo, la defensa de las obras sociales y el presupuesto para la universidad pública.
Lxs docentes universitarixs tenemos pautado, según el acta acuerdo salarial, un incremento de 8% en los salarios de septiembre (a cobrar en octubre) y la aplicación de la cláusula gatillo en octubre (a cobrar en noviembre). Hoy es evidente que octubre y noviembre quedan muy lejos. Por ello, debemos reclamar con urgencia medidas para proteger el –ya magro– poder adquisitivo de nuestros salarios. Por ejemplo la incorporación de manera mensual de los incrementos de precios a nuestro salario, esto es la aplicación de la cláusula gatillo de manera mensual.
Entendemos además la importancia de decidir acciones conjuntas con aquellos que comparten esta perspectiva.
Por eso nos declaramos en estado de alerta y movilización y nos pronunciamos por un Congreso de todos los sindicatos, de todas las centrales, con delegados con mandato, y por un inmediato paro de 36 horas y un programa económico al servicio de los trabajadores y las mayorías nacionales para unificar, con acciones contundentes y masivas, el rechazo a estas políticas.
Convocamos a la más amplia deliberación en todas las unidades académicas y a Asamblea General el Jueves 22 a las 18 hs en Chile 2181
Reclamamos:
* La investigación y no pago de la deuda ilegítima y fraudulenta.
* Inmediata incorporación rentada de los ad honorem.
* Adelantamiento de la cuota de septiembre.
* Indexación mensual y automática de los salarios, acorde a la inflación.
* Adelantamiento de la cuota de incremento salarial de septiembre y pago a la docencia del bono de emergencia de $5.000 dispuesto para los trabajadores del Estado.
* Incremento inmediato del presupuesto universitario.
* $1.000 millones para paliar la crisis de las obras sociales universitarias, entre ellas DOSUBA.
* Aplicación del Convenio Colectivo de Trabajo en todas las Universidades Públicas Nacionales y Escuelas Preuniversitarias.