Buenos Aires, 26 de mayo de 2021
Srxs: Consejo Interuniversitario Nacional-CIN
En atención a la nota enviada por nuestra Federación al Comité Ejecutivo del CIN, consideramos oportuno contextualizar las razones que impulsaron el pedido de audiencia, conscientes de la gravísima situación sanitaria que atraviesa nuestro país – y el mundo – a consecuencia de la pandemia por Covid-19 y las diversas mutaciones descubiertas, que nos mantuvieron durante todo el año pasado y lo que va del actual respetando las medidas dispuestas por el gobierno nacional y las jurisdicciones provinciales. Al mismo tiempo, desde nuestras organizaciones de base y a nivel nacional, nos abocamos a la generación e integración de espacios multisectoriales en el ámbito universitario para establecer los necesarios protocolos de bioseguridad que contemplen las mejores condiciones para el desarrollo de las tareas prioritarias de la Educación Superior.
Todo ello, mientras se continuó garantizando el dictado de clases, consultas, exámenes, etc, en entornos virtuales con gran esfuerzo de la docencia universitaria y preuniversitaria. Sin dudas, actorxs esenciales en este angustiante escenario que aún transitamos, y que entendemos no hemos tenido el merecido reconocimiento en materia salarial por la cantidad de horas dedicadas a una forma de trabajo con la que la gran mayoría no estaba familiarizada.
Por un lado, explicitar las razones de nuestro rechazo al acuerdo salarial que el Gobierno Nacional y el CIN suscribieron el pasado 7 de mayo con las restantes representaciones sindicales, al que nuestra Federación – y varios gremios docentes que no pertenecen a ella – consideró insuficiente en el cuadro de inflación creciente que profundizó el deterioro del poder adquisitivo de nuestros ingresos.
En efecto, el acuerdo se difunde como un incremento del 35% que superaría la previsión inflacionaria del 29% proyectada en el presupuesto por el gobierno nacional. A todas luces, pauta inflacionaria imposible de considerar seria o real. Los incrementos salariales se reparten en 6 cuotas: 8% en abril, 6% en junio, 4% en agosto, 5% en octubre, 7% en diciembre y 5% en febrero de 2022.Ya en el primer cuatrimestre del año, según los datos del INDEC, la inflación acumulada es del 17,6% y recién en abril la primera cuota del aumento es de sólo el 8% (todavía no se cobró).
A diciembre del 2021 solamente habremos cobrado un 23%, ya que la cuota de diciembre de un 7% en realidad se cobra en enero del 2022, y el restante 5% se pagará en marzo 2022 (con el sueldo de febrero). La inflación proyectada por el propio Banco Central de la República Argentina a diciembre de este año es cercana al 48%. Claramente nuestros salarios van a sumar una nueva pérdida frente al constante aumento de los precios.
No se cumple en absoluto el discurso del Gobierno Nacional, de que en este año los salarios iban a estar varios puntos por arriba de la inflación.
En el año 2020 también tuvimos una importante pérdida del poder adquisitivo de nuestros ingresos, de alrededor del 22%. Porcentaje que irá creciendo con las proyecciones inflacionarias para el año en curso. Claramente es una afrenta a nuestro sector, que durante todo este período venimos sosteniendo, en virtualidad desde nuestros hogares y con nuestras propias herramientas tecnológicas, el vínculo pedagógico con más de 1,7 millones de estudiantes. Esfuerzo que incrementó la jornada laboral, en especial de las mujeres, por las tareas de cuidados.
Hay una clara discriminación hacia la Docencia Universitaria y Preuniversitaria. El mismo Ministerio de Educación de la Nación acordó hace meses con CTERA y los restantes gremios del sector del nivel educativo obligatorio, un aumento del 34,5% en tres cuotas y la última a cobrar en septiembre de este año. La Provincia de Buenos Aires acordó con la docencia un incremento de un 35,1% también en tres cuotas: 14,1% en marzo, 7,9% en julio y un 13,2% en septiembre. En nuestro caso, para el mes de julio de este año recién habremos cobrado un 14% y para septiembre recién un 18%. Esto es un claro ajuste a nuestros salarios, a las jubilaciones y a las obras sociales universitarias, cuyos ingresos dependen de nuestros sueldos.
Esto demuestra que se está cediendo a las presiones del FMI y de los grupos económicos concentrados de la economía que reclaman y exigen la reducción del gasto público nacional centralmente anclando los salarios por debajo de la inflación. Mientras ingresa dinero a las arcas del Estado, éste no se distribuye suficientemente para paliar la enorme crisis social de nuestro pueblo. La pobreza y la indigencia crecen.
Los salarios estatales se reducen a la par que las jubilaciones y asistencias sociales. La inflación es una extraordinaria transferencia de recursos desde los bolsillos de la población a las arcas de los grupos económicos formadores de precios y los acreedores de la deuda pública. La clase trabajadora es la que pierde, mientras los grandes grupos económicos siguen ganando. Todo esto en medio de la enorme crisis económica provocada por las políticas neoliberales de ajuste y endeudamiento del gobierno anterior, y agravadas por la pandemia. Con el deterioro inflacionario de los salarios, objetivamente se está descargando la crisis sobre la población asalariada y el conjunto del pueblo. Esto no es justo.
Desde CONADU HISTÓRICA no aceptamos la rebaja salarial. No es cierto que los fondos sean insuficientes. Ante la crisis, son medidas como la del impuesto a las grandes fortunas las que tienen que profundizarse. La salida debe ser a favor del pueblo y de la autonomía nacional, avanzando en la recuperación soberana de los recursos estratégicos de la economía.
Hoy, ante la pandemia y la extorsión de las grandes potencias con las vacunas, queda clara la necesidad imperiosa de desarrollos nacionales autónomos en la investigación y tecnologías en materia sanitaria y en todos los campos de interés de la población. Las Universidades son parte de la solución, y les docentes e investigadores cumplimos un rol indispensable para la generación de nuevos conocimientos y la formación de profesionales.
Consideramos asimismo de urgente tratamiento los puntos ya acordados y que vienen siendo postergados desde 2019 en algunos casos. Es así como se han dispuesto, para esta etapa, $150 millones para el pase a planta de los docentes adhoronem, adscriptos y contratados.En relación al cumplimiento de la carrera docente que estipula el CCT se han acordado $100 millones para la promoción de Ayudantes de Primera (con 15 o más años de antigüedad en el cargo) a Jefes de Trabajos Prácticos. El tratamiento a la mayor brevedad de estos asuntos es de crucial importancia dado el reconocimiento remunerativo, en un contexto inflacionario, que tienen para la docencia alcanzada por estos acuerdos.
Por otra parte la convocatoria a la Comisión de seguimiento e interpretación del CCT no puede demorarse para tratar tanto los temas sin resolución como aquellos que esta federación ha solicitado incorporar. En esta línea de razonamiento creemos oportuno reiterar al CIN nuestro reclamo sobre el pleno funcionamiento de las Paritarias Particulares en todas y cada una de las universidades cuestión que está regulada por el propio CCT pero cuyo cumplimiento es variable e incluso el no funcionamiento de las mismas una flagrante violación de la normativa vigente.
Solicitamos también que todas las universidades paguen en tiempo y forma los distintos componentes del salario docente, como por ejemplo FONID, garantía salarial, títulos, recomposiciones salariales y en caso de corresponder que se liquide toda deuda salrial con mas las actualizaciones correspondientes.
Dejamos constancia que es un agravio a la convivencia democrática, que se “castigue” a nuestra Federación por no haber aceptado la oferta salarial del gobierno excluyéndola de beneficios colectivos que supimos conquistar para el conjunto de la Docencia, como el Programa Nacional de Capacitación Docente Gratuita, entendiendo que la formación permanente, gratuita y en servicio es parte indisoluble de la Carrera Docente.
CONADU HISTÓRICA, como organización gremial de segundo grado, con personería gremial otorgada por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, que afilia al 40% de la Docencia Universitaria y Preuniversitaria sindicalizada de nuestro país y que es signataria del Convenio Colectivo de Trabajo homologado por Dec. PEN 1246/2015, posee la necesaria legitimidad y legalidad para acceder a estos programas en representación de su base afiliada.
En función de ello, demandamos a este Consejo Interuniversitario que arbitre los mecanismos para que este derecho tan esencial para la docencia, no beneficie de manera sesgada solamente al universo que aceptó un incremento salarial para nosotrxs insuficiente, ya que nada tiene que ver el salario con el acceso a la capacitación docente de manera gratuita, tal como lo establece nuestro CCT.
En cuanto al desarrollo de tareas en contexto de pandemia, consideramos que la gravísima situación sanitaria en la que está inmerso nuestro país amerita que se tomen las medidas urgentes para evitar el colapso del sistema de salud, el crecimiento de los fallecimientos y los contagios del virus. Reafirmamos que la lucha contra la pandemia es el problema central de nuestro pueblo y las acciones del estado deben estar centradas en estos objetivos tanto en la cuestión sanitaria como en las medidas económicas de respaldo a los sectores sociales profundamente afectados por la crisis económica heredada y profundizada por la pandemia.
Rechazamos los posicionamientos de quienes defendiendo los intereses económicos de los grupos económicos más concentrados por encima de la salud de nuestro pueblo han, desde el inicio de la pandemia, cuestionado con argumentos falsos y hasta incluso boicoteando las medidas sanitarias más elementales.
Estos sectores pretenden utilizar las banderas populares de la defensa de la educación para arteramente boicotear las últimas medidas sanitarias de restricción de la circulación que inevitablemente conllevan la suspensión temporal de la presencialidad en la educación. La suspensión temporal de la presencialidad en la educación es una medida estrictamente sanitaria, por supuesto no deseada, y que afecta temporalmente a los procesos de enseñanza aprendizaje.
Estos perjuicios se tratan de mitigar acudiendo a las modalidades virtuales en la enseñanza. Desde el inicio de la pandemia desde nuestra federación afirmamos que la llamada virtualidad afecta a derechos laborales docentes, a los derechos estudiantiles y a la calidad académica y que por lo tanto son acciones propias de una emergencia por lo tanto transitorias. En paralelo se deben tomar las medidas para mitigar estos perjuicios centradas inicialmente en garantizar el acceso la conectividad y a las herramientas tecnológicas de estudiantes y docentes.
La medida transitoria de suspender la presencialidad en la enseñanza bajo ningún punto de vista puede ser vista como agresión a la educación anteponiendo equivocadamente este derecho al derecho a la salud y a la vida.
Decimos esto quienes hemos estado siempre en la defensa de la educación pública y que hemos enfrentado las políticas de ajuste sobre la educación que, en el caso del anterior gobierno, se expresó en las masivas movilizaciones universitarias que tuvieron sus expresiones más elocuentes en las jornadas del 12 de mayo de 2016 y el 30 de agosto de 2018. Esta última se constituyó en la movilización universitaria más numerosa en la historia argentina. Hemos sido gestores junto a otros sectores de estas jornadas.
Hoy, ante el recrudecimiento de la pandemia y las medidas sanitarias tomadas por el gobierno nacional, planteamos se garanticen su cumplimiento en todas las Universidades Nacionales. Es imperioso en particular en el nivel preuniversitario la suspensión transitoria de la presencialidad hasta que los índices epidemiológicos permitan reanudarla.
Por todo lo expuesto, ratificamos nuestro compromiso con la Universidad y Educación públicas al servicio del Pueblo y con la defensa los salarios y los derechos laborales de la Docencia Universitaria y Preuniversitaria.
Luis Tiscornia Claudia Baigorria
Secretario General Secretaria Adjunta