- El Consejo Directivo acepta su pedido de renuncia
El 25 de junio pasado el Consejo Directivo de Fadu votó el pedido de renuncia del decano de la Facultad de Diseño y Urbanismo de la UBA, Guillermo Cabrera, tras cumplirse los tres meses de la licencia que había solicitado luego de recibir una denuncia por abuso sexual y acoso laboral en su contra. La misma se hizo pública en una entrevista que la denunciante brindó a Página/12 y cobró notoriedad dada la figura pública del denunciado. Pero esto no es un caso aislado, sino un ejemplo visible de lo que sucede tanto en Fadu como en otras unidades académicas en materia de violencia sexista. Cabe recordar que Cabrera aún sigue siendo profesor titular de dos materias y pertenece al claustro de profesorxs que, aún siendo una minoría respecto al conjunto de docentes (apenas entre el 1% y el 3%, según la Facultad, del total de docentes), ocupan el 50% de los consejos directivos de las facultades y por lo tanto ostentan un peso preponderante en el control de las mismas.
Resulta sorprendente cómo en marzo el ex-decano solicitó licencia con la «plena certeza de la falsedad de la denuncia» y al cabo de la misma, eligió no presidir la sesión e hizo leer una carta suya en la que lejos de haber demostrado su inocencia, se victimiza y balancea logros y un perfil de gestión que distan mucho de ser reales.
2. El hecho denunciado no es un caso aislado en la FADU
La denunciante explicó haber sufrido acoso laboral, hostigamiento, hechos de abuso sexual y caracterizó al rol de la Unidad de Género como “pasivo”, manifestando sentirse “desamparada” sin haber recibido asistencia legal ni apoyo psicológico.
A partir de la acción colectiva de la Comisión junto con lxs estudiantes, en algunas oportunidades se logró que se tomaran medidas de resguardo, como por ejemplo las separaciones preventivas de docentes denunciados durante el curso de las investigaciones. Pero la mayoría de las veces estas medidas fueron tomadas por lxs titulares de las cátedras y no por lxs funcionarixs de la UG, responsables institucionalmente.
3. Tras la denuncia, la revictimización
Finalmente, cuando la denunciante solicitó el traslado hacia otro espacio de trabajo, se topó con el maltrato laboral de una facultad que la precariza mediante una contratación anual.
Como lo denunciamos en múltiples oportunidades desde AGD, estas prácticas se replican en otras facultades y colegios de la UBA donde las denuncias, en muchas oportunidades, se desestiman o disfrazan bajo otros rótulos para evitar que se lleven adelante las investigaciones correspondientes y las consecuentes separaciones cuando corresponde. Es el caso del Pellegrini, el Cnba, Medicina, Sociales, Filo, etc.
La contracara a esta política es un movimiento de mujeres y diversidades integrado por docentes- no docentes y estudiantes organizadxs que impulsa la aplicación de Protocolo contra la violencia de género que el mismo Consejo Superior votó por unanimidad pero que en muchas unidades académicas suele utilizarse para una política de ´pinkwashing´ o disfrazada de progresismo feminista.
Mientras tanto, no existe un presupuesto acorde para la conformación de equipos interdisciplinarios que garanticen el asesoramiento, acompañamiento y contención de lxs denunciantes. Ni qué hablar de que en las Unidades de Género no están integradas las identidades trans, cuyas opresiones y violencias también están a la orden del día. Por el contrario, el recorte en el presupuesto es lo que está a la orden del día: lo instrumenta el gobierno nacional y lo garantizan las autoridades universitarias (rector y decanxs, apoyadxs por las camarillas).
Se suma a esto los niveles de precariedad en la contratación que opera como un bloqueo para quienes quieren denunciar dado que la continuidad en sus cargos depende de lxs mismxs funcionarixs que se ocupan de la aplicación del Protocolo en las diferentes unidades académicas. La inestabilidad laboral junto con la estructura antidemocrática de gobierno es caldo de cultivo para el ejercicio de la violencia y el acoso.
4. La Unidades de Género tienen que cambiar
Las experiencias acumuladas a lo largo de los últimos años en AGD UBA y sus comisiones internas y sin dudas la denuncia que pesa sobre el ex-decano, constituyen un punto bisagra que pone de manifiesto la necesidad de transformar las Unidades de Género.
Urge revisar su funcionamiento: tiene que ser una herramienta a disposición de las víctimas de violencia. Necesitamos que sea autónoma, sin condicionamientos y con presupuesto propio, con una posición política que responda a los intereses de las mujeres y diversidades, garantizando el apoyo y los cuidados necesarios como asistencia legal y psicológica durante el proceso.
Desde AGD UBA nos seguimos organizando de manera independiente (también junto a no docentes y estudiantes) para enfrentar la violencia sexista que nos atraviesa en todas las instancias universitarias y sobre todo la que se ejerce desde las gestiones y sus camarillas.
- Basta de violencia sexista
- Basta de precarización laboral – Aplicación efectiva del CCT
- Por Unidades de Género que sean verdaderas herramientas contra la violencia sexista.
- Dispensas para docentxs que llevan tareas de cuidado (generadas por la crisis sanitaria) de niñxs y adultxs mayores.
- Cupo laboral trans* en docentes y no docentes.