Por pedido del exgobernador Rovira (Misiones), la jueza Marcela Leiva condenó a los docentes Mónica Gurina y Leandro Sánchez a 10 y 8 meses de prisión en suspenso, respectivamente, con el claro objetivo de disciplinar a los miles de trabajadores que se movilizaron a lo largo y ancho de la provincia durante el 2024 en el misionerazo.
La semana pasada, el Frente de Trabajadores de la Educación en Lucha (FTEL) y el Movimiento Pedagógico de Liberación (MPL) convocaron a un paro de 24 horas, sin asistencia a los lugares de trabajo, con acciones locales y una movilización prevista para el 1/12, fecha en la que se leerán los fundamentos de la sentencia. Como en cada conflicto, las centrales obreras volvieron a estar ausentes.
Desde AGD UBA repudiamos este fallo, cuyo único propósito es aleccionar a quienes luchan por sus condiciones materiales —entre ellas, las salariales—. La coerción mediante amenazas, descuentos y judicialización constituye un ataque directo al derecho a la protesta de las y los trabajadores.
Llamamos a toda la sociedad a solidarizarse con la docencia en lucha, injustamente condenada, y a todas las organizaciones a rebelarnos contra este régimen que en la próxima etapa pretende avanzar con una reforma laboral esclavista y con reformas tributarias y previsionales regresivas.