Junto con la liquidación de los salarios de lxs docentes universitarios del mes de marzo comenzó a aplicarse la Resolución 110/2020 aprobado por el Consejo Superior de la UBA en su única sesión del año, el 13 de marzo. La misma establece que los aportes mínimos de lxs docentes a su obra social (DOSUBA) deben equipararse al valor correspondiente al 3% de sueldo básico de la mínima categoría de lxs trabajadores no-docentes (Categoría 7).
Al mes de marzo ese valor final corresponde a $871,37; y se irá modificando conforme lxs trabajadores no-docentes reciben aumentos salariales. Lógicamente este aumento afecta particularmente a lxs docentes que por su cargo, dedicación y antigüedad aportaban menos que dicho valor, es decir fundamentalmente docentes con dedicaciones simple o incluso semis. Dichos docentes podrán comparar sus recibos del mes pasado y verán un excesivo aumento de la categoría “Aporte reajuste docente”. Entre otros miles de docentes, afectará a lxs 875 docentes que abandonaron su categoría de “ad-honorem” gracias a la gran lucha docente que conquistó el presupuesto para rentarlxs.
En el caso de un ayudante de primera con menos de 5 años de antigüedad el aumento de la categoría “Aporte reajuste docente” llega a 271% con respecto al mes pasado, un verdadero zarpazo. Si a dicho valor le sumamos el aporte correspondiente a “Dosuba afiliado” y “Prestaciones alto costo baja incidencia” un ayudante de primera de dedicación simple llega a aportar el 13,7% de su sueldo de bolsillo a una obra social vaciada. Este valor será aún mayor para el caso de lxs ayudantes de segunda.
Ante la crisis de DOSUBA no somos lxs docentes lxs que debemos pagarla, menos aún cuando se nos niega la cláusula gatillo que nos corresponde y por lo tanto disminuyen los aportes a nuestra obra social. Es el Estado el que debe hacerse cargo. Por eso proponen una comisión del Rectorado, la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) y los gremios para obtener el derecho a la salud, y aún más en momentos de pandemia.
En la situación de emergencia sanitaria, reclamamos además que se garanticen los servicios de la obra social para las y los docentes ad honorem. Sostenemos el reclamo realizado por AGD UBA de apertura de los libros y transparencia de toda la información de la obra social. Nos seguimos organizando por la defensa del principio de solidaridad de la obra social, por una obra social dirigida por sus afiliadxs, por un incremento del financiamiento por parte de la UBA y del Gobierno nacional.