El operativo “Aprender” viene a reemplazar el anterior Plan Operativo Nacional de Evaluación, creado en 1993.
La evaluación será obligatoria y habrá dos modalidades: una muestra, para tercer grado de primaria y segundo o tercer año de secundaria, en las áreas de Lengua y Matemática; y otra censal, para estudiantes de sexto año de primaria y quinto año de secundaria, en cuatro áreas. Según anunciaron los funcionarios, los resultados serán por provincia y municipio (jurisdicciones), con cuestionarios de autopercepción respecto a los docentes y estudiantes.
Estas mediciones son viejas imposiciones de los organismos de crédito internacionales que solicitan a sus países miembros este tipo de evaluaciones para ingresar (1). Es el caso de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), a la que el presidente Mauricio solicitó el ingreso.
La evaluación de los procesos de enseñanza dentro de la escuela tiene una larga tradición en el sistema educativo, destinada a evaluar los procesos personales de construcción del conocimiento. También el docente es evaluado anualmente por las instituciones en las que se desempeña, recibiendo una calificación que influye en su carrera docente, que en el caso de las escuelas preuniversitarias dependientes de la UBA es inexistente por decisión del rectorado y el consejo superior.
Sin embargo, las pruebas estandarizadas en condiciones aisladas no consideran su conexión con el marco de conocimientos generales y personal del estudiante, tampoco se consideran las condiciones materiales y simbólicas de los estudiantes y trabajadores en un cuadro de creciente miseria social.
Reducen la enseñanza y el aprendizaje a una sola calificación que puede ser utilizada para introducir una diferenciación presupuestaria entre las escuelas – ranking- y modificar el régimen laboral docente.
Los antecedentes
La propuesta general de la evaluación supone evaluar en forma directa a los docentes, como lo ha intentado hacer el Ministerio de Educación porteño a través de una encuesta voluntaria en el nivel primario en octubre del 2012, que fue ampliamente rechazada en las escuelas. También, establecer un mapa educativo diferenciado, según variables socioeconómicas, como el Índice de Equidad y Calidad Educativa Porteño y el Boletín Mi Escuela que publica un ranking.
El gobierno busca destruir el convenio colectivo de trabajo docente a nivel nacional, como lo hizo en oportunidad de la sanción de la Unidad de Evaluación en Ciudad de Buenos Aires, cuando manifestó la intención de introducir premios y recursos para escuelas y maestros, según la calificación obtenida. (2)
En el caso de los docentes preuniversitarios de la UBA ni siquiera contamos con un Convenio Colectivo de Trabajo. Porque la UBA no adhiere al mismo y firmó en cambio un acuerdo a la baja con ADUBA, en el que ni siquiera figuramos. Directamente nos impone una carrera docente a medida del mercado. Con el argumento de la autonomía universitaria se mantiene a la docencia en absoluta inestabilidad, nos imponen concursos abiertos, que tienen la finalidad de controlar la planta docente, no se respeta la ley jubilatoria nacional ni las leyes laborales.
En el nivel de grado conocemos también este sistema de evaluación externa: son las acreditaciones que surgen de la Ley de Educación Superior y de la CONEAU menemistas, que siguen vigentes desde su creación.
De este modo, en definitiva, se somete a nuestros estudiantes y docentes a una evaluación propuesta por la OCDE y una empresa multinacional.
Esteban Bullrich, ha hecho carrera en torno el problema del desempeño docente. Se referencia en la Ley de Educación de Ecuador, que establece en su artículo 116°- “Remuneración variable por eficiencia: (…) estará vinculada al resultado que haya obtenido la o el docente en la evaluación».
La introducción del denominado salario por mérito destruiría las conquistas del Estatuto Docente y el CCT nacional vigente. No es casualidad que en toda la Ley Nacional de Educación (2006) no aparezca mencionado. El denominado “ítem aula” de Mendoza, la tablita de enfermedades de Santa Fe, el intento de declarar la emergencia educativa de Santa Cruz, forman parte de un ataque de conjunto, con el objetivo de declarar la educación un “servicio esencial” para eliminar el régimen licencias y el derecho a huelga.
También un negociado
La multinacional Pearson, la empresa de exámenes y servicios de educación más grande del mundo, se ha beneficiado con las reformas, al diseñar y administrar los exámenes estandarizados. De origen británico, Pearson PLC fue elegida por la OCDE para desarrollar la PISA (Programme for International Student Assessment) 2018, tanto los exámenes como la plataforma digital que los sustentará.
Con una capitalización bursátil de $17.692 millones de dólares, Pearson posee una parte importante del mercado de las pruebas estandarizadas, así como de los libros de texto a escala mundial, y cuenta con una amplia gama de productos incluyendo sistemas de evaluación docente y formación en línea. En el año 2013 enfrentó juicios por conflictos de intereses al producir materiales educativos para estudiantes, como libros de texto, y diseñar a la vez los exámenes para esos mismos estudiantes.
Estas denuncias empalmaron con el movimiento contra las reformas en Seattle, Chicago y New York en 2013. Estudiantes, docentes y familias protagonizaron un boicot a los exámenes, contra al cierre de escuelas y la suspensión de los estudiantes que no rendían satisfactoriamente según estos modelos. Meses de lucha que derrotaron los intentos de aplicar las evaluaciones.
Rechacemos la evaluación externa
La introducción de este tipo de evaluaciones, en términos de “calidad educativa” está planteada en la propia Ley Nacional del año 2006, que le da un marco legal a este planteo (3). Este operativo fue aprobado por todos los integrantes del Consejo Federal de Educación, es decir, por todos los bloques políticos a través de los distintos ministros de educación de las provincias del país.
La Ctera solicita “otra evaluación, con otros criterios”, es decir, quiere ser integrada como consultor y controlar el proceso desde adentro. De la misma forma actuó la conducción Celeste cuando se sancionó en la Ciudad de Buenos Aires la Ley macrista de Unidad de Evaluación.
Desde Agd Uba rechazamos el operativo en todo el país y fundamentalmente en los colegios experimentales dependientes de las Universidades Nacionales, en los que por su propio carácter experimental, no podrían responder a ningún standard local y menos aún a uno diseñado por organismos multinacionales.
Tomemos este reclamo en nuestras manos y desarrollemos junto a estudiantes y padres un movimiento que rechace el Operativo Aprender.
Notas
1) Ver documento (https://www.oecd.org/centrodemexico/47905766.pdf)
2) “Si la escuela mejora un 10% con respecto al año anterior, podemos darle una nueva biblioteca. Si mejora un 20%, los chicos de 7ºmo grado podrán viajar a Bariloche. Lo que queremos es que se comprometa toda la comunidad en la mejora de la calidad” (La Nación, 31/05/2013)
3) El artículo 95° de la LEN afirma que son: “Son objeto de información y evaluación las principales variables de funcionamiento del sistema, tales como cobertura, repetición, deserción, egreso, promoción, sobreedad, origen socioeconómico, inversiones y costos, los procesos y logros de aprendizaje, los proyectos y programas educativos, la formación y las prácticas de docentes, directivos y supervisores, las unidades escolares, los contextos socioculturales del aprendizaje y los propios métodos de evaluación”. Es decir, el conjunto de las prácticas educativas, explicitando la evaluación del desempeño del conjunto de los trabajadores de la educación.