Por el pleno derecho de estudio y trabajo
En el marco del programa UBA XXII de educación en instituciones carcelarias, un ciudadano de nacionalidad peruana fue privado -por las autoridades universitarias- de su derecho a inscripción en la carrera de Sociología.
Según las autoridades, no podría ejercer su derecho a estudiar en la UBA por no contar con “DNI argentino”, lo cual sería un requisito obligatorio para la inscripción.
Es evidente que el requisito de DNI obligatorio, incluso para personas que, al estar privadas de su libertad, pierden la residencia y la posibilidad de obtener o renovar su documentación, conspira contra el derecho a cursar estudios universitarios.
En esta cruzada contra extranjeros y migrantes, las autoridades de la UBA tuvieron el concurso necesario de la Corte Suprema de Justicia, que falló a su favor luego de que un juzgado de Primera Instancia hubiera dictaminado la primacía legal de la presentación realizada por el ciudadano peruano.
Pero más escandaloso aún es que la Corte haya avalado la postura de la UBA amparada en una ley antiinmigrantes promulgada bajo la dictadura de Onganía, y que la haya colocado por encima de la actual ley Migratoria y de los tratados internacionales suscriptos en Argentina sobre esta temática.
Este cercenamiento de derechos se suma a las múltiples trabas y perjuicios para el acceso a la educación de la población extranjera y migrante, como las cuestiones en torno a la legalización y convalidación de documentación y títulos, o los aranceles a precio dólar en cursos y posgrados.
Se trata de una orientación antagónica a la que defiende AGD-UBA, que no solo rechaza cualquier discriminación basada en la nacionalidad o cualquier otra causa, sino que incluso permite la plena afiliación de los docentes extranjeros con la sola consignación del pasaporte.
Rechazamos la obligatoriedad de la portación de DNI argentino en la Universidad de Buenos Aires y defendemos incondicionalmente el derecho a estudiar y a trabajar en la UBA de todos los extranjeros y migrantes.