El gobierno de Jorge Macri no sólo resolvió eliminar los contenidos de Educación Sexual Integral –en consonancia con las políticas retrógradas de Trump, Milei y de tantos gobernadores provinciales– sino que además promovió un reglamento escolar decididamente policial.
Ese reglamento, que replica los que promulgaba la dictadura, prohíbe a la docencia dar “opiniones o adoptar conductas de manera intencionada que pudieran influir, confundir y/o afectar a los menores en temas relacionados con religión, sexualidad, género, etnia, política partidaria u otros de similar relevancia”. Es decir, niega el derecho a la libre expresión de la docencia en las aulas, clausura los debates sobre cualquier tema “de similar relevancia” sin supervisión de las autoridades, se reserva la autoridad represiva del Estado para determinar los temas sobre los cuales sí se podría hablar.
A estas disposiciones que afectan el derecho a enseñar y a la libre circulación de las ideas, se le agrega otra amenaza, al prohibir también “Desarrollar toda conducta, acción o actividad que implique la interrupción del servicio o la apertura regular del establecimiento…”, una medida que sólo tiene como objetivo negar el derecho a la huelga.
Repudiamos este reglamento incompatible con la educación, los derechos de sus trabajadores y las libertades democráticas. Apoyamos todas las medidas que resuelvan las asambleas docentes de todos los niveles para repudiar y exigir que se retire esta reglamentación.
Fuera el reglamento policial de Macri. En defensa de la educación pública, de los derechos de la docencia y de los estudiantes.