La semana pasada, las y los docentes de las universidades nacionales nos enteramos por los medios de que existía una negociación entre el gobierno y los rectores. La propuesta eran solo rumores que más tarde se hicieron públicos cuando se sentaron a la mesa de negociación las federaciones sindicales docentes y no docentes.
La propuesta oficial implica un aumento salarial del 21,33% en junio (calculado sobre el salario de mayo) más un 3% en octubre (calculado sobre el salario de septiembre).
La garantía salarial se actualizará también un 21,33%.
Se convocaría a nuevas paritarias en tres meses.
A la propuesta salarial se le suma un 20% para gastos de funcionamiento, 50.000 millones de pesos para los hospitales universitarios y un aumento del 50% de las becas Belgrano.
La asamblea de AGD UBA rechazó el acuerdo y ratificó el paro con acciones de visibilización del 16 al 20 de junio.
Con ese mandato, AGD UBA participó en el congreso de Conadu Histórica, donde se impuso el rechazo al acuerdo por 64 a 36 votos. También se resolvió en la federación parar en la semana del 16 de junio.
Seguimos exigiendo la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, que establece un aumento salarial que no puede ser menor a la inflación acumulada desde diciembre de 2023. Una inflación que, desde entonces, acumula un 312,1%.
Mientras tanto, el salario de los cargos con dedicación simple y 10 años de antigüedad aumentó, en el mismo período, un 155,5% para un ayudante de primera, un 176% para un JTP, un 175% para un profesor adjunto, y un 174% para un asociado o un titular. La pérdida del poder adquisitivo del salario en cargos simples con 10 años de antigüedad (JTP, adjunto, asociado y titular) fue de entre el 33% y el 38% (según el cargo, siendo el 38% para el ayudante de primera), y se requiere entre el 50% y el 61,25% de recomposición salarial, respectivamente, para recuperar la pérdida por inflación.
Pero en el caso de un ayudante de primera con dedicación semiexclusiva y menos de 5 años de antigüedad, la pérdida fue de un 43%. Solo una recomposición del 75,6% puede equiparar ese salario a diciembre de 2023, como plantea la ley.
El 21,33% firmado por los rectores y la burocracia sindical está muy lejos de compensar la caída del salario.
Las burocracias y los rectores se apuraron a firmarle un acuerdo a un gobierno que al día siguiente se tropezó con las explicaciones delirantes de Adorni para justificar su enriquecimiento ilícito.
Y si bien no bajaron la cautelar como pedía el gobierno, al reconocer en el acta que el aumento establece la recomposición de la deuda salarial de 2025 y 2026, dejan sin sustento la cautelar que debía resolver la Corte Suprema. Un reclamo que pasará a dormir –como tantos otros– en algún cajón del máximo tribunal de justicia.
La semana que viene, del 16 al 20 de junio, paremos las universidades en rechazo a la firma de este acuerdo. Seguimos exigiendo que se cumpla la Ley de Financiamiento Universitario, que establece un aumento que no puede ser menor a la inflación.