Desde la asamblea general de AGD UBA repudiamos enérgicamente la represión desatada el 15/10, en ocasión de la 5ta. Marcha Federal Universitaria. Como es de público conocimiento, el gobierno de Javier Milei, en sintonía con el de Jorge Macri, descargó una feroz represión sobre quienes nos manifestamos por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario (incumplida hace más de un año) y ante la frustrada sesión especial para derogar el DNU 70/23.
Mientras se desarrollaba el acto central sobre el escenario, se veía por detrás el lanzamiento de gases lacrimógenos en una acción que pretende instalarnos en un estado de excepción.
Quienes nos movilizamos cotidianamente, venimos padeciendo la represión que luego es justificada bajo “ley y orden”, pero que involucra acciones salvajes como las que se vieron en la jornada del 15. Las consecuencias son detenciones arbitrarias, cercenamiento de las libertades democráticas y persecución de quienes luchan. Entre ellos, podemos mencionar a Milton y Eneas, presos por luchar contra la Reforma Laboral. En ese marco, repudiamos las declaraciones del vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, que llamó a identificar a una minoría que protagonizó hechos de violencia, mientras condenaba la inutilidad e ineficiencia de la policía como si los primeros fueran los responsables de la represión. Lejos de ello, lo que se observa son sectores de la población que, producto del hartazgo y las políticas hambreadoras que el gobierno liberfacho descarga sobre la población, responden a la violencia institucional.
Es imperioso ubicar la responsabilidad de quien ejerce la violencia para no caer nuevamente en la “teoría de los dos demonios” y seguir en las calles.
Desde diversos sectores se condenó la represión para luego responsabilizar a supuestos “infiltrados”. En esa línea se inscribe el comunicado firmado por el decano de Cs. Exactas y Naturales Guillermo Durán y la vicedecana Valeria Levi. Incluso, algunxs expresaron de manera categórica que se identifique a los responsables, se suma a esto el decano de Ciencias Veterinarias, Alejo Pérez Carrera como si el responsable no fuera el Estado y quien lo conduce. En este caso, Milei y sus colaboradores, aliados en el ajuste y el desfinanciamiento de las universidades nacionales.
Lo imperioso es mantener y profundizar la lucha para que el gobierno nacional cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario porque, mientras todos los rectores (CIN) afirman que hay que seguir dando clases o con “las universidades abiertas” y amenazan con descuentos, somos los trabajadores los que padecemos salarios bajo la línea de pobreza. Precisamente es la contundencia de las medidas cuando se dan en unidad, lo que mantiene el conflicto abierto. Mirando el derrotero judicial, la experiencia de esos tres años nos da la razón.

