La semana arranca con la novedad, nada nueva, de reuniones entre el CIN –Consejo de Rectores– y el gobierno nacional, donde intentan acordar una oferta que retire la Ley de financiamiento universitario de la escena judicial y política. Ya se avizoraba en el último Plenario de Secretarios Generales de nuestra federación, donde varios nos posicionamos en contra de que se incumpla con la ley conquistada, pero también con que sean los rectores quienes se sienten en una “paritaria” a negociar nuestras condiciones laborales y salariales.
El contenido de estas reuniones, que aún no está por escrito ni es oficial, fue trasladado por los rectores a las federaciones que componen el Frente Sindical Universitario. Se habla de un ofrecimiento entre el 21,33% y el 24%. Esta última cifra, resultado de haber incorporado un 3% en octubre. Lo cierto es que toda la información se conoce a través de vías informales o por los mismos medios de comunicación.
Ante este supuesto ofrecimiento, alertamos que ya hay federaciones discutiendo aceptar bajo el argumento de que es un inicio en el cumplimiento de la Ley de financiamiento universitario. Nada más lejano dado que el gobierno exige que se retire la cautelar precisamente para incumplirla sin costo.
Para que quede claro, si esa ley se aplica hoy (su incumplimiento lleva 223 días) nos tendrían que estar depositando un aumento del 52% a todos los trabajadores. La distancia entre el ofrecimiento del gobierno y lo que dice la ley es abismal. Por eso, el subsecretario de Políticas Universitarias dice que la condición para que se cumpla este ofrecimiento a la baja es que se deje sin efecto la cautelar que se produjo en marzo de este año. La Corte lo advierte, si se expide nos da la razón y en el gobierno desata una nueva crisis que lo hundiría aún más.
Esta ley, defendida por el contenido aún cuando no resuelve todos los problemas presupuestarios del sistema universitario, le da un marco para la transferencia de fondos, garantiza el retroactivo desde la sanción de la ley y las paritarias. Paritarias que este gobierno no convoca desde hace 18 meses.
Desde AGD UBA rechazamos las negociaciones en curso, exigimos la aplicación de la Ley de financiamiento universitario: por presupuesto para funcionamiento de la Universidad y hospitales universitarios, por aumento salarial para los trabajadores docentes y no docentes y por aumento de becas estudiantiles.
Ninguna negociación en nuestro nombre y encima, a la baja. Profundicemos nuestro plan de lucha.