El 2018 comienza con un fuerte proceso de deliberación popular, luego de las inmensas movilizaciones del 14 y 18 de diciembre contra la reforma previsional, donde los trabajadores demostramos las energías que tenemos para enfrentar el plan de ajuste del gobierno de Macri y los gobernadores.
A pesar del masivo rechazo popular en las calles, la reforma contra las jubilaciones se aprobó con un alto costo político para el gobierno –y para todos los que lo apoyaron– que tuvo que posponer el tratamiento de la reforma anti-laboral, corazón del paquete del ajuste.
En este momento, el centro del ataque a los trabajadores son las paritarias, que vienen entregándose con firmas del 12 al 15%, mientras se prevee una inflación que ronda el 20/25%. Mientras, se están desarrollando importantísimas luchas contra los cierres de plantas, fábricas y despidos (INTI, Río Turbio, etc).
El anuncio del tope del 15% en cuotas, sin actualización por inflación, la anulación de la paritaria nacional de los restantes niveles educativos, el “cierre” de obras sociales para no garantizar las prestaciones especiales, la ofensiva contra los sindicatos con el no reconocimiento de autoridades y personerías gremiales, la campaña por el arancelamiento y los cupos universitarios, implican de conjunto una embestida contra la educación pública (Plan Maestro) y, en particular, a los docentes y sus organizaciones sindicales.
Este panorama se completa tanto con el ataque a las jubilaciones del 85% móvil para los científicos y las dedicaciones exclusivas que sólo recibirán un 5,7% en marzo, como con el desguace y el recorte de los organismos de ciencia y técnica, con centenares de despidos y de tercerizaciones de funciones estratégicas a manos de multinacionales y las propias patronales (como ocurre en el Conicet, Senasa, INTI).
En la UBA se suma la no aplicación del Convenio Colectivo de Trabajo, que venimos denunciando desde hace años, y que permite que nuestra universidad siga siendo el paraíso de la flexibilización, con trabajadores contratados, ad honorem y sin estabilidad laboral.
En respuesta a estos ataques, los docentes hemos sido parte de todas las instancias de movilización del año pasado, y fuimos también protagonistas, junto al resto de los trabajadores, de las jornadas del 15 y 21 de febrero.
Somos parte de la lucha contra el techo salarial del 15% que quieren imponernos al igual que al conjunto de los gremios, y sin cláusula gatillo.
Un docente que recién se inicia gana $11.400, cuando la línea de pobreza está fijada en $17.000. Nuestra lucha histórica es por un salario básico que cubra media canasta familiar para el cargo testigo, por salarios para los ad-honorem y la defensa de las jubilaciones docentes del 82% y 85%. Por eso exigimos un salario inicial de $17.000, blanqueo del incentivo docente y un incremento del 25% en toda la escala salarial, respetando todos los adicionales que marca el Convenio Colectivo y terminar con el trabajo gratuito.
Además de la lucha por nuestro salario, ponemos en primer plano el extenso pliego de reivindicaciones del movimiento de mujeres. Nos sumamos el 8 de marzo a la movilización en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora y adherimos al Paro internacional. En la UBA lanzamos una campaña por la implementación de la licencia por violencia de género para todas las trabajadoras de la universidad y por la apertura de jardines y salas materno/parentales para los hijos de docentes universitarios en todas las unidades académicas.
Llamamos a realizar reuniones y asambleas en todas las facultades para discutir la situación y organizar el plan de lucha para conquistar nuestras reivindicaciones.
AGD-UBA
