Con el inicio del cuatrimestre, la AGD propone este balance que llamamos a debatir en cátedras y lugares de trabajo. Su base es el desarrollo de todo el conflicto por nuestras paritarias y del acta salarial que cerró el gobierno y los rectores, con las restantes federaciones y que el Congreso de Conadu Histórica, sobre la base del mandato de sus asambleas, consideró insuficiente y elaboró una contrapropuesta QUE FUE RECHAZADA.
El acuerdo salarial, suscripto entre las direcciones burocráticas de Conadu, Fedun, Ctera, Uda y Fagdut, es un acuerdo a la baja. La inflación acumulada, desde que asumió el gobierno de Cambiemos, en diciembre de 2015, hasta junio de 2016, fue del 56,25%, mientras que el salario de los docentes pre y universitarios tuvo un incremento de solo el 48,8%, es decir, una quita real de 8 puntos (incluyendo los porcentajes que corresponden a adicionales por jerarquización y nomenclador). El acta en consecuencia convalida la quita salarial que Bullrich, Cantard y los rectores del CIN hacen sobre nuestro sueldo como parte del ajuste general que aplican Macri y los 24 gobernadores a los trabajadores estatales, a los docentes, a los privados y al pueblo en general.
Este es el motivo central por el cual las asambleas y el congreso de la CONADU Histórica plantearon la formulación de una contrapropuesta. Muchos sindicatos de base nos negamos a convalidar esta quita del salario, a pesar de que la gran lucha docente nacional logró romper el techo salarial que el gobierno le impuso a gran parte del resto del movimiento obrero.
El segundo elemento, que nos llevó a realizar una contrapropuesta, es la negativa a incluir a los docentes de segunda dentro de la garantía salarial. Por segundo año consecutivo, los compañeros de menor categoría y por lo tanto de menor salario, son excluidos de la misma.
Y en tercer lugar, aunque para nada de menor importancia, es la continuidad del trabajo gratuito en las universidades nacionales. La reforma laboral a la brasileña, que tanto reclaman las patronales en las últimas semanas, tiene una clara expresión en el acta: el trabajo ad honorem. La comisión establecida en el acta paritaria 2016 no avanzó un ápice, por lo cual el acta de julio de 2017 convalida la violación de lo que conquistáramos con la movilización durante 2016, puesto que nuevamente no menciona fondo presupuestario alguno para terminar con esta violación al CCT en las universidades nacionales Posterga sine die el pago de salarios para los docentes que hoy pagan por ir a trabajar. La SPU dice que las universidades no entregaron los listados de los ad honorem y los rectores que ellos cumplieron. Así, “tirándose la pelota” entre unos y otros, seguimos con miles de trabajadores ad honorem en nuestras universidades. En la actual acta salarial nuevamente fue incluida la conformación de una comisión de relevamiento. Necesitamos presupuesto y no solo conocer números!
La reforma laboral, que ya se aplica en las universidades, tiene como víctimas también a los 4500 docentes que trabajan con contratos tanto en relación de dependencia como monotributistas. A estos compañeros, de quienes sí se conocen los listados, no se les ofrece el pase a Convenio y frente a esta situación ofrecen la misma respuesta: la conformación de una comisión a partir de septiembre.
Entre otros aspectos fundamentales también hemos considerado al impuesto al salario en la cuarta categoría , que constituye una confiscación a nuestros bolsillos. Contra toda promesa electoral, Cambiemos, el massismo y los bloques en que se dividió el Frente para la Victoria, remacharon en diciembre de 2016 una ley por la cual los trabajadores que cobramos un salario en blanco seguimos pagando el impuesto a las ganancias a la cuarta categoría. Y peor aún: ante el incremento de la inflación, los aumentos nominales (en nuestro caso del 48% de noviembre a junio del 17) hacen que más trabajadores paguemos el impuesto y que más trabajadores paguemos escalas superiores a las que veníamos pagando. Esta legislación contra el movimiento obrero contó con el aval de todas las burocracias sindicales, en particular de la CGT, que han sacado de sus reivindicaciones y, sobre todo, de sus movilizaciones, la reivindicación de terminar de una vez por todas con esta confiscación salarial. Y ahora, para después de octubre, se nos promete una reforma impositiva. La OCDE, organismo clave del imperialismo que nuclea a los países más ricos, exige que en esa reforma sean aún más las personas que paguen esta confiscación mientras que sean aún menos las empresas que lo hagan.
No podemos dejar de mencionar, y de denunciar, que, como parte del Plan Maestro, de la vigencia de la Ley de Educación Superior que mantuvieron y mantienen todos los gobiernos, y del nefasto Sistema de Trayectorias Académicas-, el acta valida el incumplimiento del Convenio Colectivo de Trabajo (CCT), en lo que hace al pago del adicional por exclusiva dedicación a la docencia. Desde 1998, los gremios docentes combativos exigimos el pago de un 25% por este concepto, reconociendo así el trabajo de docencia, investigación y extensión, versus el modelo de universidad “enseñadero”, que destruye la educación pública y la “iguala” con la de las universidades privadas. El acta plantea la creación de una nueva comisión a partir de septiembre que analice la situación, pero sin ningún tipo de fondos que lo respalden ni plazos para poner en vigencia este reclamo que no es solo salarial sino de condiciones de trabajo y de defensa de la universidad pública.
El gobierno de Larreta ha establecido la línea de pobreza en $15.300 al 10 de junio de 2017. El salario del cargo testigo (ayudante de primera con dedicación semi-exclusiva sin antigüedad), incluyendo la garantía salarial, solo alcanzará $11.400. Esto significa que somos pobres y que para dejar de serlo hace falta un 25,5% más de incremento salarial. Esta es la demostración palmaria de la justeza del reclamo de $15.000 pesos de salario inicial.
Subrepticiamente, en el acta apareció al último minuto que la garantía salarial se estipula hasta el 1º de julio de 2018 y sobre la base del salario bruto. Una verdadera trampa. Con nuestra lucha conseguimos que la paritaria se retrotraiga al mes de febrero, por la ventana, Bullrich, Cantard, los rectores del CIN y las burocracias sindicales (las mismas que habían firmado la paritaria de 18 meses al gobierno anterior) meten un plazo mayor. Oh, casualidad, el mismo plazo que nos impusiera Alberto Sileoni, el ex ministro.
Nuestro salario quedó tan bajo que hoy un auxiliar que recién se inicia va a cobrar lo mismo que un JTP con 5 años de antigüedad. Un ataque a la carrera docente. Una mano extendida al presidente de Mercedes Benz que reclama la anulación de la antigüedad para todos los trabajadores del país.
La cuota de septiembre, que es de un 8%, tiene un claro tufillo electoral ya que se cobra 20 días antes de las elecciones generales y nuevamente –oh, casualidad- es la más alta de las cuatro cuotas en las que se percibe el incremento. El gobierno con la complicidad de todos los firmantes seriales logró dos objetivos: por un lado, financiar con nuestro propio salario a la baja por 7 meses el pago de dicha cuota; por el otro, intentar tapar la bronca frente a este descalabro salarial. Para cobrar en diciembre, dejaron una “colita” del 4% que no le mueve el amperímetro a nadie, ya que es equivalente a la inflación de este mes y claramente muy inferior a los nuevos tarifazos del gas, la luz y la nafta que ya anunció el mismo Gobierno para dicho mes.
Una mención particular merece la cláusula de revisión, que se incorpora al acuerdo paritario como “garantía de revisión trimestral automática”. La misma no toma en cuenta ni el desfase salarial de 2016 ni la inflación de enero-febrero de 2017, algo solo concebible por los firmantes para que opere plenamente la reducción salarial. Para muestra basta un botón: la primera revisión se tendría que dar durante la primera semana de julio. El incremento que cobramos desde noviembre del año pasado (última cuota del acuerdo salarial 2016) hasta junio de este año fue del 10,24$. Pero para el cálculo de actualización no se toma toda la inflación de ese período sino solo la que va de marzo a junio de este año. Por lo que el aumento –oh, casualidad- da 0%.
Es por todas estas consideraciones que los miles de docentes, reunidos en asambleas y el Congreso de la Conadu Histórica plantearon una contrapropuesta. No fue una visión caprichosa sino la defensa sistemática del poder adquisitivo de nuestro salario, de nuestras condiciones de trabajo, de la aplicación del CCT y de la defensa de la universidad pública, gratuita al servicio del pueblo. Como ha sucedido en otros años, y a pesar de ser la primera propuesta que se consideró “bajar a las asambleas”, fue rápidamente aceptada por las otras federaciones, sin en algunos casos realizar siquiera una consulta a sus afiliados, dando garantía al gobierno de poder tener con quien firmar la paritaria.
En este sentido convocamos a los 190 mil docentes pre y universitarios a una amplia deliberación en los lugares de trabajo, cátedras, laboratorios, facultades, asambleas generales, para continuar con esta batalla en un contexto similar al que enfrentamos en otras oportunidades, donde solo la CONADU Histórica no vendió por los treinta dineros de la cuota de solidaridad las reivindicaciones docentes frente al gobierno de turno. Las razones del rechazo de la CONADUH a la oferta salarial a la baja y el programa reivindicativo elaborado como contrapropuesta son la base para ampliar un movimiento docente combativo a nivel nacional capaz de hacerle frente a la ofensiva que el gobierno nacional pretenderá profundizar.
