Desde noviembre de 2020 hasta el día 22 de febrero de 2021 se han realizado tres reuniones de la Comisión de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (CYMAT) nacional, en la que participan la Secretaría de Políticas Universitarias, los rectores y los paritarios sindicales.

En junio de 2020 hubo reuniones por condiciones de trabajo, que terminaron en un “acta acuerdo” –rechazada por los paritarios de la Conadu Histórica– que nos imponía la virtualidad de nuestro trabajo sin garantizar derechos ni reintegros por gastos ni provisión de equipamiento ni conectividad gratuita. El 9 de febrero, a través del CIN, los rectores sacaron una declaración donde afirman: “Seguimos trabajando y perfeccionando la virtualidad en el dictado de clases y en el desarrollo de todas las actividades académica de las universidades (seminarios, posgrados, congresos y servicios de extensión, entre otras). Esta modalidad ha sido incorporada, intensivamente, en el sistema universitario durante el 2020,… (y) este aprendizaje institucional llegó para quedarse en nuestro sistema educativo.”

Más claro, imposible. Los rectores comunican que seguirá el sobretrabajo, la flexibilización y que cada uno de nosotros deberemos seguir pagando por enseñar e investigar los equipos y la conectividad.

Presencialidad sin presupuesto ¿ni responsables?

En la última reunión paritaria de CYMAT se ha pasado a un cuarto intermedio hasta el jueves 4 de marzo. Pero nos han presentado otra “acta acuerdo”.

En la misma se señala que se puede retornar a la presencialidad. Pero nada dice acerca del presupuesto que se precisa para costear los requisitos que fijan los protocolos –sus propios protocolos- que pretenden implementar. Durante un año no se destinó presupuesto ni se realizaron las obras de infraestructura y sanitización mínimas para albergar a los 190.000 docentes, 50.000 no docentes y 1.700.000 estudiantes.

El acta, además, plantea que la responsabilidad de la aplicación del protocolo recae en la “autoridad del sector”. Quienes trabajamos en las universidades públicas, investigando, dando clases, coordinando talleres, o participando de actividades de extensión, es la primera vez que escuchamos que existen “sectores” en el ámbito de la docencia, la investigación y la creación universitaria.

Se trata de un concepto de fábula que tiene un único objetivo: nuestras empleadoras intentan delegar su responsabilidad frente a los riesgos que implica volver a los lugares de trabajo, haciéndola recaer en una figura inexistente.

Y todavía más: la propuesta de acta no menciona NI UNA SOLA VEZ las paritarias particulares ni los comités de crisis. Un retroceso de 25 años donde peleamos por paritarias y condiciones de medioambiente de trabajo en plena pandemia.

La SPU y el CIN pretenden que tanto la docencia pre y universitaria como lxs investigadorxs, seamos pasivxs observadorxs de la elaboración de protocolos y “manuales de procedimientos”… que encima no tienen presupuesto ni responsables.

Sin condiciones no hay presencialidad

La AGD UBA contrató al Taller de Estudios Laborales (TEL) para que nos asesore en el cumplimiento de las normas que, además del CCT, nos garantizan la seguridad laboral y para elaborar todas aquellas que sean necesarias para cuidar nuestra salud incluyendo la verificación del estado de los edificios y el dictado de cursos y talleres de capacitación.

Como denunciamos en nuestros comunicados anteriores: no hay condiciones sanitarias, salariales, presupuestarias. No hay voluntad tampoco por parte de la SPU ni los rectores para que tales condiciones se cumplan y bajo su responsabilidad.

En la UBA exigimos la convocatoria inmediata a comisiones conjuntas, con representaciones docentes, no docentes y de los estudiantes. Paritaria particular para elaborar y verificar las condiciones de seguridad e higiene. Para defender nuestras condiciones de trabajo en la modalidad virtual y presencialidad. Que nuestra empleadora o sea la universidad asuma las responsabilidades que legalmente le corresponden ahora en pandemia como urgente y siempre, como parte de las condiciones de trabajo

AGD UBA

Difundimos este información que ha hecho circular el Gobierno Nacional. Se trata de un llamado a las y los docentes, de todos los niveles y de todo el pais, para que registren sus datos personales. Según informan, con esta información se organizará la distribución de vacunas para la docencia. No se trata de una solicitud de turno ni reserva sino de un primer registro.

https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/vacuna/docentes

La Mesa Ejecutiva reunida el 23 de Febrero del 2021 resolvió realizar la Asamblea Ordinaria de AGD UBA para tratar la Memoria y Balance correspondiente al periodo 2019-2020. Compartimos la convocatoria:
ASOCIACIÓN GREMIAL DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
Convocatoria a ASAMBLEA ORDINARIA.
Se informa a las y los afiliadas y afiliados que la Asamblea Ordinaria se realizará el día jueves 8 abril de 2021, siendo su primer y segundo llamado a las 17 y 18 hs respectivamente.
En virtud de las normas dispuestas por el Gobierno Nacional mediante Decreto Nº 260/2020 y sus modificatorios hasta la fecha que implementaron la ASPO y la DISPO y, de acuerdo a la Resolución 1199/2020, la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales dependiente de la misma cartera dictó la Disposición MTSS Nº 1/2020, que habilita que la Asamblea pueda realizarse en forma virtual, la Mesa Ejecutiva ha resuelto realizarlo mediante la plataforma Zoom del Sindicato. Los datos de acceso serán informados a las y los afiliadas y afiliados que lo soliciten en el transcurso del día 8 de abril.
TEMARIO
1- Elección de autoridades de la Asamblea.
2- Elección de 2 afiliadas/os para refrendar el acta.
3- Presentación, debate y votación de la Memoria y Balance del ejercicio correspondiente al período comprendido entre julio de 2019 y junio de 2020.

POR UNA DELIBERACIÓN COLECTIVA DE LA DOCENCIA

POR UN PLAN DE LUCHA POR NUESTRAS REIVINDICACIONES

Hace quince días planteamos que no había condiciones para la vuelta a la presencialidad en la UBA. Desde entonces hasta ahora, ¿algo cambió?

No.

Seguimos con índices de contagios que, desde organismos internacionales como el Centro de Control y Previsión de Enfermedades (CDC, en inglés) muestran que es inviable.

Los protocolos que se van conociendo fueron elaborados por las autoridades sin consulta a las y los docentes, y de imposible aplicación en la situación real y concreta de nuestros lugares de trabajo.

Tras un año de pandemia, no hubo un solo peso de inversión en infraestructura. Ni en contratar equipos de limpieza. Ni en ampliar la planta docente.

Tampoco se reconocieron los gastos de la virtualidad que tuvimos les docentes ni hubo un peso para que estudiantes no se caigan del sistema educativo.

Podríamos seguir.

Pero no sólo se mantuvieron las condiciones que nos llevaron al planteo inicial.

Se han agravado.

En estos días, el CIN acercó un protocolo a las federaciones docentes que la AGD examinó y pidió asesoramiento a especialistas, Taller de Estudios Laborales (TEL), cuya conclusión fue tajante: no cumple con los más elementales requisitos de seguridad ni con lo establecido en la ley 19587/72 (Higiene y Seguridad en el Trabajo), y elimina la responsabilidad de la patronal.

También en estos días, el Rectorado difundió un acuerdo celebrado con Aduba y Apuba que, en lugar de garantizar como corresponde los derechos a las licencias y dispensas de las y los docentes, lo deja librado al análisis de caso por caso. Es decir, convierten un derecho en una concesión arbitraria por parte de las autoridades.

A la docencia preuniversitaria, en alguno de los colegios y escuelas, las autoridades les informan, con una antelación de dos días, que deberá tomar finales virtuales o presenciales. ¡Cuando no pueden garantizar nada! Las primeras asambleas ya se pronunciaron en contra de esta resolución inconsulta.

El cuadro en el que nos encontramos y que nos amenaza se completa con una situación salarial de la que ninguna autoridad –ni gobierno nacional, ni provinciales, ni rectorados– dicen palabra alguna. Peor: convalidan el ajuste y el desplome brutal de nuestro salario, que ya sufrió una pérdida de más de 20 puntos en su poder adquisitivo.

Desde estas consideraciones, por resolución de su Mesa Ejecutiva reunida el 18/2, la AGD llama a Asamblea General para abrir una profunda deliberación y preparar un plan de acción por nuestras condiciones de trabajo, por el salario, por el reconocimiento de gastos de conectividad y equipamiento gratuito, por el derecho a las licencias y dispensas, por comités de higiene y seguridad integrados por estudiantes, docentes y no docentes.

Asamblea General: Miércoles 10/3 – 18 hs.

Convocada por secretaría general, se realizó el viernes 12 la primera reunión de este año con las comisiones internas y delegadas de las escuelas y colegios preuniversitarios de la UBA. Partimos de la experiencia ya transitada a fines del año pasado cuando se tomaron de manera presencial los exámenes de ingreso para el Buenos Aires y Pellegrini y, dónde de manera conjunta, intervenimos desde la dirección de AGD UBA y las comisiones internas.

En la misma, además de la secretaria general de AGD UBA, participaron por la comisión interna del Nacional Buenos Aires los compañeros Néstor Di Millia, Nicolás García Roel, por la comisión interna del Pellegrini les compañeres Carlos Oroz, Laura Carboni y Noel Elizalde y las delegadas de la escuela Agrotécnica Verónica Raffaelli y Amaranta Gentile.

La convocatoria surgió de la necesidad de debatir en conjunto la situación de la docencia en los preuniversitarios frente al comienzo de un nuevo ciclo lectivo entre el 22 y 29 de marzo para las mismas.

Durante la reunión se comunicó la contratación del lic. Oscar Martínez, del equipo de Taller de Estudios Laborales (TEL), para el asesoramiento y control de todo lo concerniente al relevamiento de las condiciones sanitarias de las instalaciones de nuestra universidad y protocolos correspondientes.

También la compañera Carboni presentó una serie de puntos que demuestran que no están dadas las condiciones para un regreso presencial, sin que esto atente contra la salud del conjunto de la población de escuelas y colegios. A la vez se ratificó la exigencia a las autoridades para que nos provean de todo el equipamiento y recursos necesarios para sostener el contacto virtual con les estudiantes.

Desde secretaría general se adelantó que se presentará a la mesa ejecutiva en su próxima reunión la propuesta de convocar a una reunión abierta de docentes preuniversitarios y que, a partir de la semana próxima desde AGD UBA convocaremos a un empadronamiento de todes aquelles docentes que, por estar al cuidado de niñes o de familiares a cargo, no puedan tomar tareas presenciales, y que abrirá AGD UBA en función de garantizar ese derecho.

Por último, acordamos solicitar una reunión al secretario de Media y volver a convocarnos a una nueva reunión de trabajo en la semana del 22.

En el día de hoy, la AGD se sumó a la jornada nacional convocada por distintos sindicatos antiburocraticos y combativos de la docencia de otros niveles. En AMBA, la concentración se realizó frente a la residencia de Olivos. Allí se desarrolló la reunión de los ministros de educación de las 24 jurisdicciones junto con el presidente de la Nación. La concentración y conferencia de prensa denunció que no hay condiciones para una vuelta a la presencialidad en estas condiciones sanitarias, sin inversión en infraestructura, sin aumento presupuestario y salarial, sin las más elementales condiciones para lxs docentes y lxs estudiantes. Al mismo tiempo exigió que no se modifique el semáforo epidemiológico para forzar una presencialidad que ponga en riesgo la salud y la vida de las comunidades educativas.

Desde el jueves 4 de febrero, Rafael Crispín, del Polo Obrero, está detenido tras una brutal represión por parte de la policía bonaerense que ingresó al Barrio La Nueva Unión, en La Matanza, para custodiar a la empresa Edenor que iba a dejar a los vecinos sin luz. Fueron tres los detenidos, pero Crispín continúa detenido a partir de una causa que le armaron, caratulada como “tentativa de homicidio”.

Desde entonces, las familias y organizaciones se movilizan para exigir la libertad de quienes están defendiendo el derecho a la vivienda y a la vida en las barriadas más castigadas por el ajuste, la inflación y el desempleo.

Por su parte, María Belén Guevara, del MTR 12 de abril, no sólo sufrió un desalojo de su vivienda en la Villa 31 junto con sus cuatro hijos, sino que, además, fue detenida y permanece desde el 15 de enero en la cárcel de Ezeiza.

La AGD UBA exige la inmediata liberación de Crispín y Guevara, al tiempo que denuncia la persistencia de acciones represivas policiales.

Libertad inmediata a Rafael Crispín y María Belén Guevara

Basta de desalojos. Tierra para vivir

Como decimos desde hace más de un año, la AGD defiende la presencialidad como un hecho pedagógico, social y político. Es por eso que, desde el comienzo, nos hemos opuesto a una virtualización forzosa.

Todo el año pasado hemos trabajado nosotros, los estudiantes, los no docentes y las familias en mantener la vinculación pedagógica. Pero, las estadísticas oficiales ya reconocen que más de un millón de niñes, adolescentes y jóvenes han quedado excluidos del sistema educativo. Lamentablemente, teníamos razón: no se garantizaron las condiciones mínimas para la educación virtual que promovían la Unesco, el gobierno nacional y su ministerio de Educación, los provinciales, la CABA y los rectores.

Las y los docentes hicimos un gran sacrificio en preparar nuestras clases remotas y lo hicimos incrementando nuestra carga laboral sin tener un reconocimiento de los gastos de conectividad y equipamiento, degradando nuestras condiciones de trabajo como denunciáramos el año pasado frente al acta firmada por las burocracias sindicales, el CIN y el Ministerio de Educación.

El desgaste físico, laboral y psicológico, al que hemos estado sometidos los docentes, estudiantes y las familias, ha sido enorme. Es el resultado de la virtualización forzada. Ahora los medios masivos, los gobiernos y los factores de poder nos empujan a todos a una presencialidad a como dé lugar.

Muchos padres, niños, jóvenes, docentes, se preguntan: ¿hay condiciones para la vuelta a la presencialidad? Un interrogante legítimo.

La crisis humanitaria, sanitaria, social y económica nos afecta y nos angustia a todos. Para la AGD la primera opción sigue siendo la defensa de la vida, la educación y las condiciones materiales y pedagógicas para que la educación se pueda desenvolver  en medio de esta crisis.

Nuestra primera respuesta es que hoy no están dadas esas condiciones. Y no por responsabilidad de la docencia.

Los responsables son los gobiernos que, en un año, han desperdiciado la oportunidad de mejorar las condiciones de infraestructura, de replantear los métodos y los contenidos pedagógicos en medio de una pandemia mundial desconocida en todo un siglo. Han privilegiado otras políticas. En lugar de liberar datos para estudiantes, docentes y no docentes, en lugar de realizar inversiones en infraestructura, en lugar de mejorar el transporte público para hacerlo seguro…, una vez más se han privilegiado los subsidios a esos factores de poder y una vez más se ha privilegiado a los acreedores de la deuda pública.

Los gobiernos y sus burocracias sindicales cómplices han tomado esa decisión, relegando una vez más las condiciones de vida, salud y educación que siempre dicen defender.

La AGD, que defiende la educación pública, hoy distribuye los kits escolares, como desde hace 15 años, mostrando su voluntad concreta de apostar a la presencialidad.

Si un sindicato como el nuestro hace este esfuerzo, ¿cómo es posible que a los monopolios de las telecomunicaciones no se les exija liberar los datos? ¿Cómo es posible que, en medio de este rebrote de la pandemia en el país se pretenda que 15 millones de niños, adolescentes, jóvenes, padres, tutores, docentes y auxiliares salgan a las calles sin vacunación, sin un plan de transporte y así circule el virus entre toda la población? ¿Cómo puede ser que se reconozca lo esencial de la educación, pero se ajusten presupuestos y salarios? ¿Cómo puede ser que nos dicen que defienden la vida pero elaboran protocolos de imposible aplicación en estas condiciones reales?

El ministro Trotta dice ahora que la educación es esencial. Pero deja librado a cada gobierno, a los rectores e incluso a los municipios la elaboración de los protocolos, sin intervención de los docentes, los no docentes, los auxiliares, los estudiantes y las familias. Ni en la elaboración ni en el control de su aplicación. No hay tampoco un cronograma claro de vacunación ni el lugar que la docencia universitaria tiene en él.

La ministra Acuña quiere crear burbujas, pero no explica cómo sostenerlas. Además, como todos sabemos en la docencia, dado los bajísimos salarios, existe el pluriempleo. Y los docentes de los niveles obligatorios y de nuestra propia universidad –de aplicarse la presencialidad- iríamos de un trabajo a otro contagiándonos y contagiando.

El Rectorado autoriza a que se abran los edificios de las facultades y que se puedan dictar aquellas actividades que sean consideradas estrictamente presenciales. Es decir, habilita la posibilidad a la vuelta a la presencialidad. Y aquí lo mismo: ¿están dadas las condiciones? Con aulas sin ventilación, problemas de infraestructura… La mitad de nuestros estudiantes universitarios trabaja, la mayoría de los docentes tenemos distintas designaciones en distintos lugares de trabajo.

¿Qué es lo que se pretende? ¿Salvar la salud y la educación o salvar la libre circulación de la fuerza de trabajo?

La AGD llama a las y los compañeros a la más amplia deliberación entre compañerxs de cátedra y lugares de trabajo.

Con una virtualización sin reconocimiento de gastos, sin derecho a la desconexión y con la pretensión de mantener la misma situación de 2020, con un presupuesto de ajuste, nuestras condiciones de trabajo y nuestra salud mental estarán aún más comprometidas que las del año pasado.

Con la presencialidad forzosa, como demuestra la experiencia de otros países, lo más probable es el contagio masivo.

La bimodalidad (semipresencial, semivirtual), requiere nombramientos para sostener el  desdoblamiento. ¿Están? No. Fundamentalmente, en los niveles preuniversitarios de todos los colegios de la UBA, donde ni las autoridades presentan cómo organizar la presencialidad dada la cantidad de materias, talleres y actividades a contraturno que tienen los docentes.

La AGD reclama, en consecuencia, la convocatoria inmediata a la paritaria particular y nacional de condiciones y medio ambiente de trabajo para discutir la propuesta de la docencia. Que se convoque a la paritaria nacional para aumentar los salarios depreciados y el reintegro de gastos por conectividad y equipamiento. Y, como siempre, nos pronunciamos contra todo trabajo precario y por todo el pliego de reivindicaciones.