Paremos hasta que nos devuelvan lo que nos deben
Frente a la Ley de financiamiento universitario votada cuatro veces en el Congreso, el gobierno de Milei presenta un nuevo proyecto que echa por la borda todo lo conquistado con paros y movilizaciones de un millón de personas en más de 100 ciudades.
La ley aprobada establece un mecanismo de recomposición de los salarios docentes y no docentes. Cuando se aplique, nuestros salarios deberían incrementarse en un 51% para recuperar la pérdida que impuso el gobierno desde su asunción. El proyecto de modificación de la ley, en cambio presentado ahora por el gobierno, impondría un 12,3% en tres cuotas: 4.1% en marzo, 4,1% en julio y 4,1% en septiembre, sobre el básico del sueldo diciembre.
Una estafa completa.
La destrucción del salario docente no tiene comparación con ningún otro momento de estos últimos cuarenta años de democracia. Entre diciembre 2023 y enero de 2026, perdimos el 51% que claramente marca la ley. Para que se entienda: en nombre del déficit fiscal, nos robaron el equivalente a un aguinaldo por mes. La misma caída es para los trabajadores no docentes.
Las becas estudiantiles cayeron aún más y están congeladas en $35.000 y también se redujo la cantidad de sus beneficiarios en un 62,4%. Tampoco tiene antecedentes la demolición del presupuesto universitario que cayó más de 40 puntos porcentuales en el mismo período sin investigación, extensión, ni obras. Recordemos que el 88% del presupuesto se aplica a estos salarios de miseria.
Estas son las brutales consecuencias de la aplicación de la política de la motosierra contra un sistema universitario que el gobierno enfrentó desde el inicio, cuando calificaba a las universidades como centros de adoctrinamiento.
Con las masivas movilizaciones, los paros, las cientos y cientos de clases públicas en todo el país, el movimiento universitario no sólo derrotó los intentos de deslegitimación del gobierno, también demostró que el derecho a la universidad pública es una conquista histórica de nuestro pueblo. También logró una ley de financiamiento, que se votó en cuatro oportunidades y derrotó el veto presidencial. Luego de que la justicia federal ordenó la aplicación de la ley, que recompone salarios y presupuesto, Milei, Torrendell y Álvarez pretenden voltearla con una ley estafa.
El Consejo Interuniversitario Nacional, tras una primera reunión que mantuvieron algunos de sus representantes con el gobierno y de trascendidos de que no habrían manifestado rechazo, terminó publicando un comunicado en el que defienden la única ley existente. ¿Estarán dispuestos a acompañar la lucha docente y no docente como lo hicieron en 2024 antes de bajarse por lo que habían definido como un avance? ¿Apagarán las luces al menos frente a esta estafa a cielo abierto que pretende el gobierno? ¿O la millonaria suma destinada a los hospitales universitarios funciona como moneda de cambio para que sus fuerzas políticas en el Congreso apoyen esta iniciativa de estafa?
El Frente de Gremios ya manifestó su rechazo a cualquier otra ley pero no lanzó las acciones de deliberación y paro necesarios. ¿Estará resuelto a un plan de lucha hasta derrotar la estafa y conquistar la recomposición salarial de los trabajadores universitarios o volverá a sus paros aislados, desacompasados, que desmoralizaron la lucha?
Desde abajo, desde sus asambleas de base, desde cada lugar de trabajo, el movimiento docente tiene que poner en pie un plan de lucha para dejar de cobrar estos salarios de miseria, para evitar la pérdida de puestos de compañeros que renuncian en búsqueda de otros trabajos, para terminar con el pluriempleo que afecta la salud de los trabajadores y agrava las condiciones de enseñanza.
Tenemos una ley que recompone nuestros salarios y nos devuelve el 51% que nos robó la motosierra. ¿Vamos a dejar que nos vuelven a robar nuestro salario?
Compañeras y compañeros, digamos basta. Tenemos que conquistar nuestra recomposición salarial con el paro universitario hasta ganar y las movilizaciones federales y locales como ya hicimos. Vamos por eso.
