La Secretaría de Géneros y Diversidad Sexual de AGD-UBA y la Cátedra Libre de Estudios Trans* logramos que hoy se apruebe en el Consejo Directivo de Filosofía y Letras una resolución que presentamos el año pasado para instrumentar el cupo laboral trans docente y no docente en la Universidad de Buenos Aires.

Este trabajo comenzó a principios del 2020, cuando asumimos el compromiso de trabajar por una resolución que no quedara en el plano declarativo. Entendimos que es necesaria una política de inserción trans para estudiantes, docentes y no docentes y de cupo laboral trans con la creación de cargos docentes y no docentes, y que para eso hay que tomar medidas concretas.

Para avanzar con nuestra propuesta, constituimos un equipo conformado por integrantes de la Secretaría de Géneros y Diversidad Sexual de AGD-UBA y de la Cátedra Libre de Estudios Trans*, al que se sumaron docentes y estudiantes trans de distintas facultades de la Universidad de Buenos Aires. Nuestra premisa principal es que sin presupuesto no hay cupo. Con esto en mente, diseñamos un proyecto integral que incluye

Creación del 1% de cargos de planta docente y no docente;

Asignación de salario a docentes trans ad honorem;

Creación de equipo de monitoreo de la instrumentación del cupo;

Asignación de becas para actividades aranceladas de la UBA; y

Promoción de oportunidades de intercambio e investigación.

El 11 de diciembre de 2020, después de ofrecerlo a la Comisión de interpretación y reglamento durante meses, presentamos formalmente nuestro proyecto integral al Consejo Directivo de Filosofía y Letras. Después de un año de numerosas reuniones y debates, hemos logrado que hoy, 30 de noviembre de 2021, se apruebe una parte de ese proyecto en una resolución que encomienda a la UBA cómo instrumentar el cupo laboral trans (artículos 12, 13 y 14 del proyecto original).

Elías M. Rutigliano, de la Cátedra Libre de Estudios Trans* declaró: “Es una primera conquista, pero falta todavía. Falta que se apruebe en la UBA y seguimos reclamando la aprobación del resto del proyecto que presentamos, que incluye en primer lugar la asignación de salario para todxs lxs integrantes de la Cátedra Libre de Estudios Trans*, conformada hace 3 años. Desde su inicio, lxs docentes nos encontramos “ad honorem”, es decir, sin salario y poniendo recursos de nuestros bolsillos para trabajar y producir numerosos materiales (por ejemplo, el archivo multimedia y la red de cooperación internacional “Corriendo la Voz”) así como el proyecto de resolución del que hoy se aprueba una parte.”

Fabiola Ferro, de la Secretaría de Géneros y Diversidad Sexual de AGD-UBA, agregó: “Esta es la muestra del método con el que se conquistan los derechos laborales. El sindicato organizó un grupo de trabajo, que incluyó a personas trans* que además son especialistas, y subrayó “seguimos reclamando el presupuesto, porque sin presupuesto no hay cupo laboral trans. Luchamos también contra todas las políticas declarativas que sólo hacen “como sí”, pero no garantizan de ningún modo la instrumentación efectiva del cupo laboral trans docente y no docente”.

¡Vamos por la efectivización del cupo laboral trans docente y no docente en Filosofía y Letras y en toda la UBA!

Secretaría de Géneros y Diversidad Sexual AGD-UBA

Cátedra Libre de Estudios Trans*

Comisión Directiva de AGD-FFyL

25 N: Día internacional contra la violencia hacia las mujeres

Vivas y libres nos queremos

En este nuevo 25 de noviembre, fecha establecida como Día internacional contra la violencia hacia las mujeres, en memoria de las hermanas Mirabal, asesinadas por la dictadura de Trujillo en República Dominicana en 1960, AGD UBA renueva su compromiso de lucha por la identificación, prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres y diversidades sexuales y de género.

Denunciamos todas las formas de violencia: la que se da en el marco de las relaciones personales y familiares, la que ocurre en los ámbitos laborales y también la violencia económica, que se profundiza en épocas de crisis, y se expresa en la creciente feminización de la pobreza.

En estos días la suspensión y jury de enjuiciamiento contra los jueces que absolvieron a los abusadores y femicidas de Lucía Pérez, muestra la importancia de organizarnos y movilizarnos para terminar con la violencia, promovida y tolerada desde las mismas instituciones del Estado.

Por el cumplimiento y la conquista de derechos tanto en la Universidad como fuera de ella:

* Presupuesto para los Protocolos de actuación en casos de violencia de género y/o discriminación.

* Régimen de cuidados acorde a las necesidades en paritarias particulares y en el CCT.

*ESI en todos los niveles educativos.

* Basta de femicidios

* Abajo la violencia laboral e institucional

* El Estado es responsable

El crimen de Lucas González, en el barrio porteño de Barracas, a manos de tres policías de civil de la Ciudad de Buenos Aires, no solo generó un masivo repudio sino que volvió a poner en primer plano el accionar represivo de la policía que persigue a los jóvenes de los sectores populares, los amedrenta, les arma causas para justificar su detención o, como en este caso, los fusila.

Días antes el cuerpo de otro joven, Lautaro Rosé, fue hallado en el río Paraná, tras haber sido perseguido por la policía correntina; una historia que recuerda y repite a la de Ezequiel Demonty, en 2002, a quien matan al obligarlo a arrojarse al Riachuelo.

Pocos días después, la noticia refiere el asesinato de Alejandro Martínez, tras una fuerte golpiza y torturas en una comisaría de San Clemente, a manos de nueve policías bonaerenses.

El año pasado, en los primeros meses de la pandemia, fueron los nombres de Facundo Astudillo Castro, al sur de la provincia de Buenos Aires, y de Luis Espinoza, en Tucumán, los que desnudaron nuevos hechos de brutalidad y asesinato policial.

El domingo, en el marco de un violento desalojo de la comunidad Lof Quemquemtrew de sus tierras, las fuerzas policiales rionegrinas hirieron de gravedad a un joven y asesinaron a Nawel Niyeu.

Correpi registra 7587 casos de violencia institucional por parte de las fuerzas represivas, desde 1983 a 2020. Desde la creación de la Policía de la Ciudad, hace cinco años, han sido documentados 125 casos de gatillo fácil.

Ni errores ni excesos, entonces. Criminalización de la pobreza y de los reclamos sociales como los de la comunidad mapuche. No hay solo responsabilidad material de la represión y los crímenes de la policía. Hay responsabilidad política directa de funcionarios (ministros, secretarios) de seguridad y del Estado.

Por eso, AGD se sumó a la convocatoria de la marcha de la gorra y llamó a lxs docentes a movilizarse.

Basta de Gatillo Fácil / Juicio y castigo a los asesinos de Lucas González y de los jóvenes asesinados por la policía / Fuera Sergio Berni, Marcelo D´Alessandro y Betiana Minor

Por el pleno derecho de estudio y trabajo

En el marco del programa UBA XXII de educación en instituciones carcelarias, un ciudadano de nacionalidad peruana fue privado -por las autoridades universitarias- de su derecho a inscripción en la carrera de Sociología.

Según las autoridades, no podría ejercer su derecho a estudiar en la UBA por no contar con “DNI argentino”, lo cual sería un requisito obligatorio para la inscripción.

Es evidente que el requisito de DNI obligatorio, incluso para personas que, al estar privadas de su libertad, pierden la residencia y la posibilidad de obtener o renovar su documentación, conspira contra el derecho a cursar estudios universitarios.

En esta cruzada contra extranjeros y migrantes, las autoridades de la UBA tuvieron el concurso necesario de la Corte Suprema de Justicia, que falló a su favor luego de que un juzgado de Primera Instancia hubiera dictaminado la primacía legal de la presentación realizada por el ciudadano peruano.

Pero más escandaloso aún es que la Corte haya avalado la postura de la UBA amparada en una ley antiinmigrantes promulgada bajo la dictadura de Onganía, y que la haya colocado por encima de la actual ley Migratoria y de los tratados internacionales suscriptos en Argentina sobre esta temática.

Este cercenamiento de derechos se suma a las múltiples trabas y perjuicios para el acceso a la educación de la población extranjera y migrante, como las cuestiones en torno a la legalización y convalidación de documentación y títulos, o los aranceles a precio dólar en cursos y posgrados.

Se trata de una orientación antagónica a la que defiende AGD-UBA, que no solo rechaza cualquier discriminación basada en la nacionalidad o cualquier otra causa, sino que incluso permite la plena afiliación de los docentes extranjeros con la sola consignación del pasaporte.

Rechazamos la obligatoriedad de la portación de DNI argentino en la Universidad de Buenos Aires y defendemos incondicionalmente el derecho a estudiar y a trabajar en la UBA de todos los extranjeros y migrantes.

Un nuevo ataque a la universidad pública

Entre octubre de 2021 y febrero de 2022 se desarrollarán diez seminarios virtuales (webinars) como actividad previa de la Tercera Conferencia  Mundial de Educación Superior #WHEC2022 de la Unesco.

La Conferencia Mundial se propone como objetivo reformular “las ideas y prácticas que garanticen el desarrollo sostenible en materia de educación superior” y plantea diez temas “clave”: “El impacto del covid-19; los objetivos de desarrollo sostenible; la inclusión; la calidad y relevancia de los programas; la movilidad académica; la gobernanza; el financiamiento; la producción de datos y conocimientos; la cooperación internacional para mejorar sinergias; y la preparación para los futuros de la educación superior”.

Entre los organizadores figuran: el Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (IESALC), junto al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), Santander Universidades y la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB)

Una vez más se demuestra que la Unesco está al servicio de la mercantilización y privatización de la educación superior en América Latina al incluir al BID, un organismo clave en organizar la deuda de nuestros países, y al Banco Santander, que tiene un programa específico para la región -llamado Universitas– para profundizar la privatización. Esto lo sabemos bien los docentes de la UBA, ya que el Santander tiene un acuerdo estratégico con el Rectorado y el Consejo Superior, no solo por ser la entidad privada a través de la cual cobramos nuestros salarios, sino también por ser quienes desarrollan planes de capacitación para la docencia, orientados a imponer el modelo privatista.

Tempranamente, al inicio de la pandemia (uno de los temas que abordará el Conferencia Mundial), advertimos sobre los verdaderos planes de la Unesco. El equipo de trabajo sobre docentes, que coordinara la Unesco en aquella oportunidad, incluía a la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que es la entidad multilateral donde se representan los intereses de las grandes operadoras de telecomunicaciones como ATT, Vodafone, Hyawei, Telefónica, entre otras. Se demostraba así el control por parte de las multinacionales en el desarrollo de la educación virtual.

En aquel mismo momento, se conformaba la Coalición Mundial para la Educación Covid-19, que agrupó a más de 90 asociados de los sectores público y privado, a fin de “concebir soluciones universales y equitativas y lograr que la revolución digital sea inclusiva”. Entre sus miembros figuran la ya mencionada Unión Internacional de Telecomunicaciones, las mayores multinacionales tecnológicas como Microsoft, Google, Amazon, Facebook, Zoom, los bancos como la Caixa española y todo tipo de fundaciones privadas con intereses en la educación.

A esta coalición liderada por los organismos multinacionales e impulsada por las empresas más grandes del planeta se suman las burocracias sindicales docentes a través de la Internacional de la Educación de la que en la Argentina forman parte la Ctera de Alesso y Baradel, la Conadu de De Feo y la CEA. Pero no solo la burocracia sindical docente sino toda la burocracia sindical, cuya integración se da a través de la Organización Internacional del Trabajo que participa en la Coalición.

Como vemos, estos diez seminarios preparatorios de la Conferencia Mundial no son más que la continuidad de una línea estratégica que promueve planes como la “escuela 2030” o la escuela del futuro y legislaciones antieducativas en todo el mundo, que desvalorizan no solo la educación sino la fuerza de trabajo de los docentes y de los niñxs y jóvenes que egresarán (o serán expulsados) de esa formación de bajo nivel.

Con estos seminarios queda palmariamente demostrado que los organismos de crédito, la banca privada y las multinacionales de las telecomunicaciones y las redes sociales están detrás de un “nuevo” modelo educativo en todos sus niveles y en todo el planeta. Sus implementadores son los gobiernos de todos los países, los tecnócratas de la educación y las burocracias sindicales docentes. La Unesco toma, una vez más, la voz de orden para avanzar en los procesos de mercantilización, privatización y desvalorización de la educación.

Los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Federación de Sindicatos Docentes de América del Sur rechazaron “que la educación superior sea un bien que haya que mercantilizar, por ejemplo con la intervención de los bancos, a pesar de que tenemos muy cordiales relaciones con la OEI y la Segib”. Y lamentaron que el Iesalc “se asocie principalmente con bancos y organismos iberoamericanos”, por lo que “expresamos nuestro pesar y desacuerdo”.

Sin embargo, esta posición revela el doble estándar del CIN y del conjunto de los rectores que, mientras rechazan y lamentan la intervención de bancos y organismos multilaterales, aplican desde hace más de 25 años la bancomundialista Ley de Educación Superior (LES), convalidan la reducción de los salarios de los docentes, aceptan la caída del presupuesto universitario fondomonetarista año tras año e impusieron –sin garantizar capacitación, conectividad y equipamiento- la virtualización dictada por la Unesco. Además, siguen integrados a la Coalición Mundial (contra) de la Educación.

La AGD UBA se pronuncia contra todas las normas dictadas por la Organización Mundial de Comercio, la Unesco, los bancos y las multinacionales, que son la llave maestra de la mercantilización y la privatización.

Exigimos el inmediato incremento del presupuesto universitario, las becas estudiantiles, el aumento de los salarios docentes y no docentes, la aplicación irrestricta en todas las universidades nacionales del CCT y el claustro único docente. Estas exigencias son necesarias para avanzar en la democratización, la “inclusión” y el egreso de los estudiantes, camino a una universidad al servicio de las mayorías populares, que favorezca la autonomía nacional frente a esta avanzada de las grandes corporaciones.

El jueves 18 se realizó la Asamblea Extraordinaria del gremio para elegir la Junta Electoral. Con la participación de 285 afiliadxs, y a partir de la moción de la presidencia a cargo de la secretaria general de AGD, se votó por unanimidad una lista unificada –con representación de las actuales mayoría y minoría de la Mesa Ejecutiva- de cinco titulares y dos suplentes como lo establece el Estatuto. A partir de esta aprobación, la Junta Electoral tendrá a su cargo el proceso electoral de nuestra asociación.

Segunda asamblea extraordinaria

Luego se constituyó otra asamblea extraordinaria, bajo la presidencia honoraria de Lucas González, el joven asesinado por la policía del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Tras un informe de la presidencia sobre la situación presupuestaria y salarial, la eventual presencialidad en el próximo año académico, se abrió un extenso debate entre los presentes, que aprobó las siguientes resoluciones:

1. Ante la vuelta a la presencialidad, sin inversión ni modificaciones de las condiciones de seguridad e higiene ni salariales, además de la precariedad y flexibilidad laboral en nuestro trabajo previos a la pandemia, y alertados por lo ocurrido en otras partes del mundo de la posibilidad de que puedan desatarse «nuevas olas», reclamamos:

a. Evaluación técnica del estado de las sedes, laboratorios, institutos.

b. Inversión de recursos para adecuación de los lugares de trabajo.

c. Ratificar lucha por el reconocimiento y vigencia del CCT Nacional en la UBA. Exigir constitución de CYMAT en cada lugar de trabajo en la UBA

d. Que en la evaluación del estado de las sedes, participen veedores gremiales.

e. Vacunación completa y tercera dosis para docentes y no docentes.

2. Campaña y plan de lucha nacional por reapertura de paritarias: ningún docente bajo la línea de pobreza, basta de trabajo gratuito.

3. Ratificar nuestra campaña por mayor presupuesto para las universidades nacionales. No al recorte del Fonid.

4. Frente a la Asamblea Universitaria: democratización de sus estatutos, claustro único docente, incorporación con voz y voto de no docentes, CCT, que se discuta el proyecto de institucionalización del CBC presentado por AGD (ver declaración aparte).

5. Ratificar la lucha por la reincorporación de los docentes despedidos en el CBC.

6. Que AGD UBA se sume a la campaña por la absolución de César Arakaki y Daniel Ruiz, y participar de la reunión del 24/11 convocada a tal fin.

7. Ratificar el rechazo a cualquier tipo de acuerdo con el FMI. Participar de las instancias de movilización en rechazo al acuerdo con el FMI. No a ningún pacto con el FMI, no al pago de la deuda nunca investigada, usuraria, ilegítima y fraudulenta) llevar a CONADU Histórica el planteo de que la Federación se pronuncie contra el acuerdo con el FMI y por el no pago de la deuda e impulse las movilizaciones que vayan en este sentido.

8. Que los 8 congresales de AGD mocionen al congreso de Conadu Histórica que se pase a un cuarto intermedio en función de construir una lista unificada que integre las minorías

El martes 23 de noviembre se citó a una Asamblea Universitaria que, como único punto del temario, incluía la prórroga de mandatos de asambleístas, consejos directivos, decanos, Consejo Superior y Rector, hasta 1° de agosto de 2022.
Dicho temario no trata sobre las necesidades de estudiantes, docentes y no docentes que hemos visto empeoradas nuestras condiciones de estudio, enseñanza e investigación durante estos dos últimos años de pandemia, que agravaron la crítica situación en la que está la universidad pública.
Frente a esta convocatoria, la asamblea docente de AGD, que reunió a más de 285 docentes el pasado jueves 18, votó por unanimidad el siguiente pronunciamiento:
1. Que se debe avanzar en la democratización de la UBA, regida aun hoy por el Estatuto de 1958. Esto significa: a) que se reconoce el estatus del trabajo precario, fundamentalmente el trabajo ad honorem, es decir, que lxs docentes paguen por trabajar; b) que lxs no docentes no tengan voto en la constitución de los órganos de cogobierno; c) que no exista el claustro único docente, dejando en manos de solo el 5% de profesorxs titulares, asociadxs y adjuntxs, con concurso vigente, el 50% de los votos totales para los consejos directivos, el Consejo Superior y la Asamblea Universitaria; d) que haya una subrepresentación del claustro estudiantil.
2. Que la UBA siga desconociendo la vigencia del Convenio Colectivo Nacional de la docencia pre y universitaria. ¿Por qué esta tozudez cuando sí reconoce la vigencia el CCT de lxs no docentes? La explicación es relativamente simple: se acabarían los interinatos perpetuos, la no aplicación de la carrera docente y la promoción, el trabajo ad honorem. Es decir, por esta vía, les asegura el manejo discrecional por parte de las camarillas que ejercen el verdadero gobierno de nuestra universidad sobre la planta docente. Les garantiza el “padrón” y, por lo tanto, la permanencia en sus sillones y despachos.
3. Que una verdadera defensa del presupuesto universitario (y no una mera queja) debería llamar a todos los claustros a pronunciarse y movilizarse contra el ajuste que propone el gobierno en el proyecto de presupuesto 2022, enviado al Congreso de la Nación.
4. Que la Asamblea debería incluir en su temario el balance de dos años de educación virtual, sin equipamiento ni conectividad para el conjunto de lxs estudiantes, docentes y no docentes, lo que ha derivado en una mayor sobrecarga laboral, negativa de dispensas, precarización de las condiciones de estudio, académicas y de investigación.

Jueves 18/11 asamblea extraordinaria de AGD

Primer llamado 17 hs.
Segundo llamado 18 hs.
Comienza 19 hs.

1° Elección de junta electoral para las elecciones de AGD UBA del periodo 2022-2025
2° Elección de congresales a Conadu Histórica y temas gremiales

Pedí el enlace en uba.agd@gmail.com

AGD UBA repudia el fallo del juez Javier Ríos del Tribunal Oral Federal 3 que condenó a los compañeros César Arakaki y Daniel Ruiz a tres años y cuatro meses y a tres años, respectivamente, por la movilización al Congreso del 18 de diciembre de 2017 contra una nueva confiscación a lxs jubiladxs.
En aquellas jornadas, miles y miles de trabajadorxs, entre los cuales estaba presente una enorme columna de nuestro gremio, nos movilizamos y nos pronunciamos contra el ajuste del entonces gobierno de Macri sobre los haberes jubilatorios. Fue aquella lucha la que frenó los intentos de llevar a fondo una reforma laboral, precisamente al advertir el masivo rechazo popular.
Sin embargo, no hay juicio para quienes llevaron adelante esta política de ajuste sino para quienes la enfrentamos en las calles. Para que se advierta la naturaleza de este fallo judicial: la querella iniciada por el policía herido en aquella jornada fue retirada apenas iniciado el juicio ante la falta absoluta de pruebas que comprometieran a los compañeros. Sin embargo, el fiscal persistió en la acusación y el juez termina condenando a Arakaki también por ese hecho inexistente. Un despropósito completo que demuestra que con el fallo solo se pretende disciplinar al movimiento popular que se moviliza y lucha por sus derechos.
AGD UBA vuelve a reclamar por la absolución de Arakaki y Ruiz. Hace público su compromiso para sumarse a la campaña para apelar este fallo de injusticia. Libertad a los que luchan.

El Consejo Superior de la Untref resolvió dar por probados el Abuso de Poder, la Violencia Laboral, la violencia de género y el acoso sexual por parte de Mariano Sardón, el coordinador de la Licenciatura de Artes Electrónicas y pidió su separación del cargo.

Según consta en la resolución del sumario iniciado por Marina Rieznik, el Consejo Superior considera que Sardón: “ha intentado y persistido en cada intento durante 11 meses de mantener una relación de carácter personal/sexual con una docente a su cargo. Que esta intención ha quedado absolutamente comprobada en el intercambio de mensajes (…) Que las acciones del Señor Sardón deben considerarse en principio como, Abuso de Poder, Violencia Laboral, específicamente la denominada violencia de género y acoso sexual”
En función de ello, se hizo lugar a la aplicación de 30 días de suspensión sin cobro de haberes solicitada por el Rector (que era la mayor pena prevista por el Estatuto para la inconducta denunciada). Asimismo, se recomienda al señor Rector que retire de la coordinación de la carrera a Mariano Sardón.

En medio de esa situación abusiva, ahora probada, el coordinador había resuelto desvincular a Marina Rieznik y a su equipo: Carla Lois y Laura Esteras. Las docentes esperan que las autoridades junto a quien coordine la carrera en el futuro pondere esta decisión por parte de Sardón como claramente retaliativa y abra un canal de diálogo para volver a incorporarlas.

Sábado 6/11

🏳️‍🌈 30ª Marcha del Orgullo 🏳️‍🌈

AGD UBA moviliza

Concentramos a las 16 hs en Diagonal Sur y Moreno.

Aparición con vida de Tehuel.
Aplicación del cupo laboral trans ya, sin precarización.
No al pago de la deuda externa.
No a la violencia contra personas LGBTQ+
Basta de travesticidios, transfemicidios, transhomicidios.