La AGD se sumó a la convocatoria a Puente Pueyrredón en un nuevo aniversario del asesinato de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki. Asimismo suscribimos el documento que se leyó en el acto, que lleva la firma del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, entre otras organizaciones sociales, sindicales y políticas. Debajo reproducimos el documento.

 

A CATORCE AÑOS, SEGUIMOS RECLAMANDO JUSTICIA

CON LAS BANDERAS DE DARÍO Y MAXI, CONTRA EL AJUSTE Y LA REPRESION DE MACRI Y LOS GOBERNADORES

¡DARIO Y MAXI VIVEN EN LA LUCHA DEL PUEBLO!

CATORCE AÑOS DE IMPUNIDAD Y ENCUBRIMIENTO

EL ESTADO ES RESPONSABLE

JUICIO Y CASTIGO A LOS RESPONSABLES POLÍTICOS DE LA MASACRE DE AVELLANEDA: EDUARDO DUHALDE – ANÍBAL FERNÁNDEZ -FELIPE SOLÁ-JUAN JOSÉ ÁLVAREZ-ALFREDO ATANASOFF-LUIS GENOUD-JORGE MATZKIN -OSCAR RODRÍGUEZ.

A 14 años de los asesinatos de Darío y Maxi, aquel 26 de junio del 2002, volvemos a este puente emblemático para reclamar justicia por los compañeros caídos y a rechazar las políticas de hambre y represión del gobierno nacional de Mauricio Macri y de los gobernadores provinciales.

Hace 14 años, el gobierno de Eduardo Duhalde intentó quebrar a sangre y fuego al movimiento piquetero que enfrentaba el hambre y la desocupación.

Confiado en el respaldo de los grupos económicos y de poder que cargaron sobre las espaldas del pueblo la crisis capitalista de 2001, Duhalde arremetió contra las organizaciones populares que salíamos a la calle nuevamente por pan y trabajo. Su objetivo era el disciplinamiento social de los trabajadores y el pueblo.

La Masacre de Avellaneda que ordenó su gobierno, decidida por toda la cúpula del poder político de aquel momento, fue ejecutada por un operativo conjunto de las policías Federal y Bonaerense, Gendarmería, Prefectura y los servicios de Inteligencia. No sólo costó las vidas de Darío y Maxi: ese día hubo más de cuarenta compañeros heridos con balas de plomo y centenares de detenidos en las comisarías aledañas, en las cuales una gran cantidad de compañeros y compañeras fueron torturadas y golpeadas.

Los grandes medios de comunicación comenzaron a difundir inmediatamente la versión de un supuesto enfrentamiento entre piqueteros, pero la movilización popular y al coraje de muchos trabajadores y trabajadoras de prensa desbarataron el relato oficial.

A partir del día siguiente, miles ganamos las calles para reclamar juicio y castigo a los responsables. Gracias a eso, las vidas de Darío Santillán y Maxi Kosteki trascendieron, sus ejemplos se multiplicaron y hoy nos encontramos como todos los años reivindicando su lucha.

Logramos las condenas ejemplares del comisario Alfredo Fanchiotti y del cabo Alejandro Acosta por los homicidios de Darío y Maxi, pero lo cierto es que los responsables políticos de aquella represión criminal siguen impunes.

Doce de los catorce años que transcurrieron desde la masacre de Puente Pueyrredón transcurrieron bajo los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, que llegaron al poder de la mano de Duhalde y acogieron a muchos de sus funcionarios, como

Aníbal Fernández, Carlos Soria y Juan José Álvarez, entre otros.

Apenas asumió, Néstor Kirchner ofreció crear una comisión investigadora, pero sólo bajo la condición de que las organizaciones abandonáramos la lucha y renunciáramos a nuestra independencia. Trató de avanzar con la cooptación y la mentira, pero los familiares de Darío y Maxi y las organizaciones que hoy regresamos a este Puente Pueyrredón, rechazamos sus maniobras, denunciamos la impunidad y el encubrimiento de los gobiernos a lo largo de estos años y continuamos exigiendo una investigación independiente y sin condiciones.

Querían que abandonáramos las calles y nunca lo hicimos. Seguimos luchando y movilizados contra la represión y el hambre ayer, hoy y siempre.

Catorce años transcurrieron desde la masacre de Puente Pueyrredón y los responsables de las provocaciones contra el movimiento piquetero; los que tomaron las decisiones e impartieron las ordenes aquel 26; los que dieron carta blanca a las fuerzas represivas para matar a manifestantes desarmados; los que escribieron el libreto para justificar la masacre; esos responsables continúan impunes hasta el día de hoy.

La masacre de Avellaneda fue una decisión de Estado, avalada por todos los centros políticos y mediáticos de la clase capitalista. Al día de hoy, logramos que se desarchivara la causa judicial que debería investigar las responsabilidades políticas de la masacre y que fueran citados a declarar funcionarios del Municipio de Avellaneda, luego de años de tener la causa en un cajón en el juzgado de Ariel Lijo. Pasaron cuatro fiscales pero jamás avanzó un centímetro. Muchas de las medidas de prueba que presentamos –como cruces de llamadas telefónicas entre los involucrados y el detalle de la cadena de mandos de las fuerzas represivas que intervinieron- no fueron respondidas. Hoy seguimos exigiendo celeridad y que la justicia avance en la causa e investigue a fondo la represión y asesinato a nuestros compañeros.

Exigimos juicio y castigo.

A Eduardo Duhalde, el principal responsable de la represión.

A Aníbal Fernández, provocador todo terreno contra el movimiento piquetero y los luchadores durante los gobiernos de Duhalde, Néstor y Cristina.

A Jorge Matzkin, ministro del Interior del gobierno de Duhalde.

A Juan José Álvarez, ex secretario de Seguridad Interior de la Nación, refugiado en el partido de Sergio Massa.

A Alfredo Atanasof, otro devoto kirchnerista que fue jefe de gabinete de Duhalde y vocero de las provocaciones de aquel gobierno durante los días previos a la Masacre de Avellaneda

Al ex gobernador Felipe Solá y al ex ministro de Justicia de la Nación, Jorge Vanossi que también integran el Frente Renovador de Sergio Massa.

A Luis Genoud, ministro de seguridad de la Provincia de Buenos Aires, actualmente miembro de la Corte Suprema de Justicia Bonaerense.

Carlos Soria, el ex jefe de la SIDE, que jugó un papel clave en la represión asesina, murió impune a manos de su esposa poco después de ganar la gobernación de la provincia de Rio Negro por el Frente para la Victoria. Todos ellos siguen formando parte del establishment político como funcionarios u operadores políticos y de esa manera han garantizado su impunidad.

Hoy volvemos a este Puente para reclamar juicio y castigo a los responsables de planificar y organizar desde el Estado los asesinatos de Darío y Maxi y también para denunciar los atropellos contra los trabajadores ocupados y desocupados, contra los jubilados, contra la juventud y las mujeres por parte del gobierno de Macri. Denunciamos el brutal ajuste que el gobierno nacional y los gobernadores descargan sobre el pueblo.

Rechazamos el tarifazo sobre los servicios y el transporte, los despidos, la precarización laboral y la inflación que carcome los ingresos de la familia trabajadora.

En seis meses, los ajustadores crearon un millón y medio de nuevos pobres imponiendo un retroceso sin atenuantes del poder adquisitivo de los salarios; a los más de 150 mil despidos en el Estado y en las empresas, se suman cada día nuevas suspensiones y vacaciones forzadas. En los barrios, recrudece el hambre.

La llamada “ley ómnibus”, lejos de compensar el retroceso de las jubilaciones como pretende vender el gobierno, constituye un chantaje contra los jubilados, porque se verán obligados a renunciar a sus demandas para mejorar en algo sus míseros ingresos.

Además, como en un Caballo de Troya, esto va unido a un perdón generalizado a favor de los grandes evasores y lavadores de dinero. Mientras el pueblo sufre los rigores del ajuste, los José López y Lázaro Báez del macrismo y del kirchnerismo y sus cómplices empresarios blanquearán su dinero mal habido. Las trampas descubiertas en los Panamá Papers no son la excepción sino la regla.

Frente a tanta impunidad, nos rebelamos antela criminalización de la protesta y el reforzamiento del aparato represivo del Estado.

Denunciamos el protocolo represivo de Mauricio Macri y Patricia Bullrich, que tiene entre cejas la lucha del pueblo trabajador. En la Ciudad de Buenos Aires, el traspaso de la Policía Federal y el fallo del Tribunal Supremo de Justicia que avala las detenciones arbitrarias de la policía, forman parte de una ofensiva contra las movilizaciones populares callejeras en el centro político del país.

Denunciamos la vigencia de las llamadas leyes antiterroristas, la colaboración con el FBI y la DEA y los preparativos para hacer intervenir al Ejército en la represión interior -iniciados con el ascenso del genocida César Milani durante el gobierno de Cristina Fernández-, que incluye la instalación de bases militares imperialistas en territorio argentino. El decreto de Macri, que amplía el autogobierno de las Fuerzas Armadas y sus promesas de mayor presupuesto y equipamiento, son expresivas de esta nueva alianza política que busca sellar el gobierno. La reciente absolución de los genocidas de Capilla del Rosario, condenados por el fusilamiento sumario de militantes populares durante el gobierno constitucional de Isabel Perón, es una señal de la justicia para avalar la represión interna a manos de las Fuerzas Armadas.

Denunciamos la represión policial y judicial contra los trabajadores y trabajadoras de Tierra del Fuego, Santa Cruz, Mendoza, Jujuy, Santiago del Estero, Salta; la represión contra los y las municipales en La Plata y el desalojo de los cortes de ruta de los obreros de Cresta Roja y Mascardi, que luchan contra los despidos y en defensa de sus salarios; a los trabajadores de RB, que en San Isidro son reprimidos por defender sus fuentes de trabajo, ante una patronal especulativa que los dejó en la calle y una justicia que la avala. El fallo de la Corte Suprema contra el derecho a huelga apunta a reforzar a la burocracia sindical criminal de los Gerardo Martínez y los José Pedraza

contra las organizaciones combativas de base; especialmente, contra los trabajadores precarizados y tercerizados.

El reforzamiento represivo, incluida la militarización en los barrios a lo largo y ancho del país, tiene su correlato en el sistemático incremento del delito organizado, de las zonas liberadas, de las mafias del narcotráfico y de las redes de trata. Las fuerzas represivas son el eslabón más importante de una estructura criminal al interior del Estado que enlaza a funcionarios, punteros, bancos, jueces y fiscales.

Desde este Puente histórico decimos:

Basta de represión y criminalización de la protesta.

Basta de gatillo fácil.

Desprocesamiento de los luchadores.

Libertad a los presos políticos.

Reivindicamos al impresionante movimiento de mujeres que se expresó nuevamente en la convocatoria #NiUnaMenos. El Estado es responsable por la impunidad y la violencia que sufren nuestras compañeras. Exigimos una respuesta para frenar el asesinato de mujeres en todo el país y exigimos derecho al aborto libre, seguro y gratuito. ¡Basta de opresión y violencia contra la mujer!

Reivindicamos a Darío y Maxi como expresión de la juventud que se organiza y lucha en los lugares de trabajo, en los colegios y facultades, en los barrios y en las zonas rurales; la que enfrenta a la burocracia sindical y la precarización laboral, como Mariano Ferreyra.

Desde este puente, saludamos a todas las luchas que enfrentan el ajuste a lo largo y ancho del país.

Al pueblo de Tierra del Fuego, que protagoniza una verdadera rebelión de más de 100 días contra el gobierno del Frente para la Victoria que encabeza Rosana Bertone. La represión y el desalojo del acampe frente a la Casa de Gobierno no ha logrado hacer amainar esa gran lucha en defensa de las jubilaciones, el salario y los puestos de trabajo.

Saludamos la lucha de los docentes, obreros de la construcción y empleados municipales de Santa Cruz, que enfrentan al gobierno de Alicia Kirchner y su ajuste. A los docentes de Santiago del Estero, que salieron a luchar masivamente contra el gobierno de Claudia Ledesma Abdala; nuestra solidaridad con los petroleros de Comodoro Rivadavia que pararon los despidos y con los trabajadores estatales de Mendoza, que sufrieron la represión del gobernador Alfredo Cornejo.

Hemos sido activos partícipes e impulsores de la gran marcha educativa del 12 de mayo, que copó la Plaza con los reclamos de docentes y estudiantes, en el marco de una enorme huelga universitaria.

Peleamos codo a codo junto a nuestros compañeros estatales de la Nación, las provincias y los municipios contra los despidos en la administración pública.

El movimiento de desocupados, los piqueteros como Darío y Maxi, estamos también nuevamente en las calles para enfrentar el hambre, con movilizaciones masivas, acampes, cortes y ocupaciones para reclamar el sostenimiento de los comedores populares, trabajo genuino y un subsidio universal a los desocupados.

Reivindicamos, a través de Darío y Maxi, a todos los mártires de las luchas obreras y populares.

A los 30 mil compañeros y compañeras detenidos desaparecidos y a los asesinados por la represión durante la democracia. A Anibal Verón, Teresa Rodríguez, Víctor Choque y los muertos en el puente Corrientes. A las víctimas de los crímenes de la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001, a Javier Barrionuevo y a Carlos Fuentealba. A Rosemary Churapuña, Emilio Canaviri Álvarez y Bernardo Salgueiro, asesinados en la represión del Indoamericano. A Roberto López y Sixto Gómez y Mario López, de la comunidad Qom de Formosa. A Florentín Díaz, asesinado en Castelli, Chaco. A Cristian Ferreyra y Miguel Galván, asesinados por los sicarios del agronegocio en Santiago del Estero. A Mono, Jere, Patón y César Oviedo en Rosario. Seguimos exigiendo justicia por Mariano Ferreyra, asesinado por luchas contra la precarización laboral.

Alzamos nuestra voz por la desaparición de Julio López y por el esclarecimiento de los crímenes de Luciano Arruga y Silvia Suppo. Por los más de 4.400 casos de gatillo fácil desde 1983 hasta el presente.

No podemos dejar de mencionar, esta vez muy especialmente, al pueblo de Oaxaca, donde la represión del Estado mexicano dejó un saldo de nueve maestros asesinados. Desde aquí, todo nuestro apoyo a esa lucha y por el castigo a los responsables de la brutal represión. Y exigimos la Aparición con Vida de los 43 normalistas de Ayotzinapas y el juicio y castigo a los responsables políticos y materiales de sus desapariciones.

Y solidarios con todas las luchas de nuestros pueblos hermanos latinoamericanos, denunciamos el asesinato de Berta Cáceres, lidereza del COPINH en honduras. Exigimos que se esclarezca este crimen y que intervenga una comision de investigacion internacional independiente al estado hondureño, complice de este asesinato y garante de las concesiones a las empresas trasnacionales que en conjunto atropellan los derechos de los pueblos y de las comunidades indígenas.

Todos ellos están representados también en el nombre de la estación «Darío Santillán y Maximiliano Kosteki», que hemos convertido en una muestra permanente de arte popular y de lucha, recuperándola para las clases desplazadas como un espacio concreto y simbólico, con el nombre de estos dos luchadores populares.

Ellos formaron parte de una generación de luchadores. La que enfrentó al menemismo y a la Alianza, la del 19 y 20 de diciembre, la que combate todos los días el hambre, la miseria, la explotación y la opresión. Darío y Maxi serán redimidos cuando los culpables paguen y cuando logremos poner en pie la Argentina por la que lucharon, sin explotadores ni explotados.

Volvemos al puente como cada 26 de Junio, a lo largo de estos 14 años con el mismo reclamo de trabajo genuino; basta de precarización laboral; universalización de programas de estudio y empleo para la juventud y los desocupados.

Castigo a todos los responsables políticos y materiales de la masacre de Avellaneda.

Abajo el ajuste de Macri y los gobernadores. Pan y trabajo para todos y todas. Salario mínimo equivalente a la canasta familiar. Basta de despidos, tercerización y precarización laboral. Pase a planta de los trabajadores de los planes de empleo. Plenos derechos sociales y sindicales.

Desprocesamiento, cierre de las causas y anulación de las condenas a todos los luchadores y las luchadoras populares. Libertad a Milagro Sala y todos los presos y pesas políticas.

Basta de criminalización de la protesta social, abajo el protocolo anti piquetes, basta de represión.

Basta de violencia contra la mujer. Ni una menos. El Estado es responsable.

Por tierra y vivienda para todas y todos. Basta de expulsión de los pequeños campesinos. Basta de envenenar a los pueblos rurales con agrotóxicos.

Fuera el imperialismo de América Latina. Unidad de todos los luchadores y luchadoras contra la explotación y la opresión.

DARÍO SANTILLÁN Y MAXIMILIANO KOSTEKI, ¡PRESENTES!

ENCUENTRO MEMORIA VERDAD Y JUSICIA

AGD reproduce la declaración de la Mesa Ejecutiva de la Conadu Histórica que presenta un balance de la gran lucha del movimiento docente universitario y sus desafíos inmediatos.
Para ver la declaración, pulsar aquí:
Hemos protagonizado y sido vertebradores del proceso de lucha más importante de la docencia universitaria y preuniversitaria desde el año 2005.
Después de 8 reuniones paritarias, 22 días de paro, cientos de asambleas, decenas de plenarios y seis congresos nacionales, y luego de la movilización multitudinaria del 12 de mayo, logramos impedir que el gobierno imponga el techo salarial primero del 25 % y luego del 30 % y llegamos a un poco más del 35 % de incremento salarial con cláusula de revisión en septiembre del 2016. Y logramos una conquista fundamental: volver a la paritaria en el mes de febrero, es decir, quebramos las paritarias de 16 meses que nos impusieron las burocracias sindicales y el gobierno anterior.
Con nuestra lucha promovimos y organizamos la movilización docente, estudiantil y no docente más importante desde el 2001 que bajo la consigna “En defensa de le educación y la Universidad pública” congregó a más de 50000 personas en Buenos Aires, que tuvo alcance nacional con múltiples movilizaciones de miles en distintas regiones del país como en Neuquén, San Juan, Santa Fe, Misiones, Jujuy, entre otras.
En los días previos a la marcha, docentes de centenares de cátedras en todo el país sacaron sus clases a la calle para visibilizar la protesta, junto al movimiento estudiantil. Esta jornada del 12 de Mayo en el marco de una semana de paro fue decisiva.
La docencia universitaria y preuniversitaria se sumó a la protesta con un altísimo protagonismo, en la convicción de que estaba en juego no sólo la puja salarial con el gobierno, sino la dignidad de nuestra profesión, la disputa por mejorar nuestras condiciones de trabajo y sobre todo el futuro mismo de la Universidad.
La movilización no sólo permitió avanzar en la defensa de nuestro salario, sino instalar en la opinión pública y la agenda política la crisis presupuestaria que atraviesa la universidad pública y logró en los hechos la articulación en defensa de la educación pública de muchos sectores y estamentos, pues el movimiento estudiantil salió masivamente a la calle y fue un actor fundamental en las clases públicas, los no docentes se movilizaron conjuntamente a través de sus sindicatos, incluso hubo pronunciamientos de varios Consejos Superiores y autoridades universitarias apoyando los reclamos.
Volvió a estar en la agenda política del país la “cuestión de la Universidad Pública”, ayudamos a que el estudiantado vuelva a las calles en forma masiva y en conjunto decenas de miles de estudiantes, docentes y no docentes le dieron un claro mensaje de rechazo a cualquier ajuste al gobierno nacional. Avanzamos parcialmente en lo económico y tuvimos un triunfo muy importante en lo político.
Fuimos construyendo un plan de lucha que tuvo su primer día de paro el 24 de febrero cuando salimos a las calles junto con la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), en la lucha contra los despidos masivos en el estado que llevo adelante el gobierno nacional. Luego confluimos el 4 de abril con la Ctera en el paro nacional en el marco del reclamo por justicia por Carlos Fuentealba, el maestro neuquino asesinado por reclamar salario igual a la canasta familiar.
Llamamos insistentemente a la coordinación de la lucha a los otros gremios de la docencia universitaria en particular a la Conadu.
A partir de definir medidas de fuerza que se incrementaban en su profundidad logramos ir avanzando en que los otros gremios también coincidan en la fechas aunque siempre ellos definieron medidas de solo 24 o 48 horas.
Desde la CONADU HISTORICA nos planteamos el objetivo de romper el techo salarial del gobierno y ello solo era posible con la profundización y masificación de nuestro plan de lucha. Por ello fuimos de paros de 48 horas a 72 y luego a paros de una semana. Para la segunda semana de paro propusimos a las organizaciones estudiantiles y a las otras federaciones docentes la realización de la marcha nacional para el 12 de mayo a Plaza de Mayo.
Todas las organizaciones estudiantiles acordaron en la realización de la marcha. Sin embargo desde la Conadu plantearon realizar la marcha a fines de mayo porque todavía no estaban las condiciones y no a la Plaza de Mayo porque íbamos a ser pocos.
Logramos que la movilización sea el 12 de mayo e insistimos en que fuera una convocatoria conjunta. Logramos marchar unidos hasta el ministerio de Educación donde realizamos el acto conjunto con la lectura de un documento- Luego la Conadu Histórica junto a los estudiantes marchamos a Plaza de Mayo. Llenamos la Plaza y se expresaron en el acto las Federaciones estudiantiles de las distintas Universidades y la FUA, además de la Conadu Histórica. Fuimos más de 25.000 los que llegamos a la Plaza de Mayo, no fuimos pocos.
A partir del plan de lucha de la Conaduh que logró unificar al conjunto de la organizaciones gremiales y confluir con los estudiantes y no docentes en la masiva movilización del 12 de mayo en el marco de una alta adhesión al paro de esa semana, el gobierno nacional tuvo que mejorar la propuesta salarial y enviar refuerzos presupuestarios extras a las universidades nacionales. Fueron nuestras asambleas de base las que definieron las condiciones para aceptar la propuesta salarial luego de ocho reuniones, al tiempo que marcaron el ritmo del plan de lucha.
Este proceso nos deja en mejores condiciones para continuar con la lucha por nuestros derechos, contra el ajuste sobre la educación y la universidad Pública que este gobierno está imponiendo y contra la Ley de Educación Superior vigente desde hace más de veinte años. También para continuar la exigencia de la efectiva aplicación integral y sin reservas en todas las universidades nacionales del Convenio Colectivo de Trabajo que conquistamos el año pasado tras décadas de lucha.
Nuestra Federación fue el principal artífice de este proceso. Salimos fortalecidos y más unidos con un avance en la organización, en la profundización de la democracia sindical y en el fortalecimiento de la independencia y la autonomía respecto de los gobiernos y las autoridades universitarias.
Mesa Ejecutiva CONADU HISTORICA

Lunes 27, 11hs, frente a la Embajada de México.
AGD, con Memoria Verdad y Justicia y decenas de organizaciones sociales y políticas, convoca al acto de repudio a la represión del Estado terrorista de México contra docentes, estudiantes y pueblo de Oaxaca.
Nos concentramos a las 11hs., en la embajada de México (Arcos 1650).

Este miércoles 29, en la Facultad de Sociales (Santiago del Estero 1030, aula 107, ala SG), con la participación de Nora Cortiñas, Carlos Lordkipanidse y la coordinación de Néstor Correa, AGD organiza una charla para debatir la política de DDHH en el marco del gobierno de Macri.

El sábado 25, en la sede de AGD, con la presencia de representantes de la Mesa Ejecutiva del gremio, se realizó una nueva asamblea de los docentes del ILSE. En la reunión se volvió a rechazar la actitud de las autoridades del Instituto que sigue negándose a recibir a la
Comisión Directiva de AGD Ilse, votada masivamente por los docentes y preceptores. Parece que las autoridades del colegio, dependiente de la UBA, no tomaron debida nota de la conformación de esta interna que expresa un gran nivel de organización de los trabajadores docentes y un rechazo de plano de las políticas autoritarias que se vienen ejerciendo en la institución desde hace dos décadas.
Además de ratificar su pliego de reivindicaciones, se resolvió que se
harán presentes en el establecimiento la Secretaria General de AGD y el Secretario Adjunto de la Conadu Histórica, para que se concrete esa reunión en la que los docentes del Ilse presentarán sus reclamos
salariales y de condiciones de trabajo. Además de ratificar su pliego de reivindicaciones, se resolvió que se harán presentes en el establecimiento la Secretaria General de AGD y el Secretario Adjunto de la Conadu Histórica para que se concrete esa reunión en la que los docentes del Ilse presentarán sus reclamos salariales y de condiciones de trabajo.

La AGD repudia la represión policial a los trabajadores y trabajadoras de la Mesa de Unidad Sindical de la provincia de Santa Cruz que se manifestaban frente a la legislatura provincial.
Nos solidarizamos con los gremios hermanos santacruceños que vienen sosteniendo un prolongado plan de lucha unitario en rechazo a las políticas de ajuste implementadas por el gobierno provincial de Alicia Kirchner. En esta ocasión, los compañeros se movilizaron a la Legislatura Provincial para protestar contra el proyecto oficial (aprobado en una sesión amañada) de endeudamiento por $10.000 millones y contra la declaración de emergencia sanitaria.
Tanto en la Nación con el ajuste macrista como en las provincias, aún con gobiernos de distinto signo político como en Santa Cruz y Tierra del Fuego, se descarga la crisis sobre las espaldas de los/as trabajadores y el pueblo. Frente a ello es necesaria la más amplia unidad en la lucha de todos los sectores; y en Santa Cruz, la Mesa de Unidad Sindical es un ejemplo democrático que saludamos.

El pasado jueves 23, frente a un edificio de Tribunales completamente vallado (todo una revelación), se desarrolló el primer acto de la campaña contra el fallo de la Corte Suprema, convocado por Sutna, Ademys, Sutebas recuperados, Sitraic, comisiones internas y cuerpos de delegados que se hicieron presentes.
Tras las intervenciones de los oradores –entre ellos, la secretaria general de AGD, Ileana Celotto-, una delegación se trasladó al Palacio para entregar un petitorio que reunión las primeras 500 firmas de delegados y activistas sindicales en contra del Fallo Orellana que pretende limitar el derecho a la organización independiente de los trabajadores y el derecho de huelga.
La AGD sigue trabajando un petitorio para recabar firmas con el objeto de repudiar y reclamar que ese fallo sea revisado por la Corte ya que atenta contra el derecho de todos los derechos.

La Comisión No al Cese en la UBA de la AGD te invita a participar de la presentación de su primera publicación periódica, a llevarse a cabo el próximo jueves 23 de junio a las 18 hs. en Chile 2181 CABA, sede de AGD UBA.
Analizaremos la situación de la ley jubilatoria en la UBA y la Política que intenta aplicar el Gobierno Macri hacia ANSES, jubilados etc.
Esta publicación contiene información de la mayor relevancia para los docentes activos y jubilados, dado que la gestión de la UBA no cumple la ley jubilatoria que otorga el derecho a opción para ejercer la docencia hasta los 70 años.
Tu presencia en este encuentro del próximo jueves será no sólo un aliciente para nuestra lucha sino también un ámbito de intercambio y aportes para continuar con nuestra acción, contemplando también las consecuencias de la nueva ley jubilatoria que se está pergeñando en el Congreso de la Nación, y las iniciativas que impulsamos desde la Comisión y AGD
Comisión No al Cese en la UBA – AGD-UBA-Conaduh

ver aquí el boletín

EXIGIMOS LA APLICACIÓN DEL CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO UNICO Y PARA TODAS LAS UNIVERSIDADES NACIONALES.

La AGD ya ha denunciado sistemáticamente ante al conjunto de la docencia de la UBA la persistente negativa por parte del Rectorado de aplicar el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT), único, a nivel nacional, que fuera homologado hace un año por el Ministerio de Trabajo y publicado oportunamente en el Boletín Oficial. CCT que, con distintos ritmos, se viene aplicando en las universidades nacionales.

Al igual que con la ley jubilatoria y el derecho a opción, el Rectorado se vuelve a arrogar despóticamente el ejercicio de “patrón de estancia” por encima incluso de las legislaciones vigentes (un CCT tiene fuerza de ley) para seguir privando a las y los docentes de la universidad de los derechos conquistados. Para desconocer estos derechos, las autoridades de la UBA recurren a la autonomía universitaria, cuyo fin debiera ser en realidad evitar la injerencia de otros poderes en los lineamientos académicos y políticos que cada universidad adopta; pero no puede ser usada para vulnerar nuestros derechos laborales.

¿Cuáles son los principales derechos que vulnera el Rectorado?

Por el CCT ya homologado, las y los docentes de la UBA tenemos derecho a la carrera docente y la estabilidad laboral al cumplir cinco o más años de antigüedad en el cargo a partir de la fecha en que se firmó el convenio.

Su artículo 73 señala: “Las Instituciones Universitarias Nacionales, a través de la Comisión Negociadora de Nivel Particular, dispondrán los mecanismos para la incorporación a carrera docente de los docentes que revistan como interinos, y que a la firma del presente convenio tengan cinco años o más de antigüedad en tal condición, en vacantes definitivas de la planta estable. Hasta tanto se resuelva la situación de los mismos, no se podrá modificar en detrimento del docente, la situación de revista y/o condiciones de trabajo, por acción u omisión, a excepción del caso del docente que se encuentre comprendido dentro de las causales de cesantía o exoneración.”

En lugar de regularizarnos, somos miles y miles los docentes interinos en esta situación que nos vemos sometidos por un lado a un sistema de concursos- y reconcursos- (como si recién ingresáramos a la docencia, obligados a demostrar que somos idóneos para el cargo en el que nos venimos desempeñando y además si superamos en una prueba de media hora al conjunto de postulantes que compiten por nuestro mismo cargo). Y, por el otro, a permanecer eternamente como interinos perdiendo un conjunto de beneficios al estar precarizados y

condenados a la constante inestabilidad, situación que soportamos, entre otros, toda la planta de auxiliares del CBC.

Los otros 3 derechos que vulnera el Rectorado son:

1. En el artículo 12, capítulo de la carrera docente, el CCT fija que “La permanencia en el cargo que el docente ordinario o regular hubiere alcanzado estará sujeta al mecanismo de evaluación periódica individual que se establezca en las Instituciones Universitarias Nacionales. Dichas evaluaciones individuales se realizarán cada cuatro años o en un tiempo mayor según lo establecido en la reglamentación de cada Institución Universitaria Nacional.”

2. Por el CCT ya homologado, la promoción al cargo de Jefe de Trabajos Prácticos se efectúa por concurso público cerrado, de antecedentes y oposición (artículo 13).

3. Por el CCT ya homologado, “El desarrollo de labores docentes es de carácter oneroso” (artículo 25). Es decir, está prohibido el trabajo sin remuneración, ad honorem, en todo el ámbito universitario.

Como se advierte, la negativa del Rectorado a aplicar el CCT responde una política concreta: pretende ratificar el poder de las camarillas de todo tipo y pelaje para disciplinar a los docentes a través de la precariedad laboral y del trabajo gratuito. Nos quieren precarios, inestables y con trabajo gratuito para arriar mejor su tropa y manejar la estancia.

En estos días, la burocracia de ADUBA difundió como un logro el acuerdo firmado con el Rectorado al que promociona como un convenio. ¡Un “convenio” que no es nacional sino solo de aplicación en la UBA, el sueño de todo empresario y del gobierno! ¡Un “convenio” que borra olímpicamente los cuatro derechos que acabamos de exponer! Eso no es un convenio. Es un acuerdo trucho, ilegal, que niega los derechos conquistados a la estabilidad, la carrera docente y el trabajo asalariado.

La burocracia de ADUBA informa que se constituyen paritarias para discutir los puntos de su acuerdo, incluidos las condiciones de trabajo. Pero eso no es una paritaria sino un simulacro.

Una paritaria está integrada por representantes de los trabajadores (aquí, en cambio, se constituyen dos representaciones con los mismos intereses, todos contrarios a los nuestros). Una paritaria se constituye sobre la base del único CCT existente, a nivel nacional y de aplicación obligatoria (no, un acuerdo entre amigos). Una paritaria debe llevar a paritarios independientes que defiendan el CCT para que se aplique ya el artículo 73, esto es, la carrera docente para todos los docentes con 5 o más años de antigüedad, para que se implemente la promoción automática de ayudante a JTP, para que se elimine el trabajo gratuito y todas las relaciones laborales sean asalariadas y en blanco.

Lo que no informa Aduba es que en el acuerdo trucho que firmó se acepta el trabajo ad honorem, reemplaza la carrera docente por concursos abiertos de antecedentes y oposición, y suprime la estabilidad de los interinos a partir de los cinco años de antigüedad.

AGD lanza una campaña de difusión y esclarecimiento en todas las facultades, en todos los lugares de trabajo, laboratorios, centros de idioma, colegios preuniversitarios, para que conozcamos nuestros derechos, para que exijamos que se cumplan en la UBA, para que dejemos de ser precarios, inestables y ad honorem y pasemos a ser docentes con plenos derechos como trabajadores.

Sugerimos leer el CCT homologado, que pueden descargarlo de: https://www.boletinoficial.gob.ar/pdf/pdfAnexoPrimera/01308385A01.pdf/20150702/1

Jueves 23, 11hs., en Tribunales, Acto contra el fallo antiobrero de la Corte Suprema.

Junto con el SUTNA, los Sutebas recuperados, Sipreba, Ate Sur, Sitraic, Ademys, la AGD se concentrará este jueves 23, a las 11hs., para manifestar nuestro repudio al fallo antiobrero de la Corte Suprema que limita el derecho de huelga.

El fallo de la Corte no hace más que reforzar el poder de las burocracias y, al mismo tiempo, dejar desamparados a los trabajadores que tenemos el derecho a organizarnos, deliberar y resolver medidas de acción sin necesidad de aval ni de los sindicatos ni del Estado.

La gravedad de esta política contraria a los trabajadores impone no solo el repudio sino el desarrollo de una campaña para garantizar el derecho de todos los derechos.

Ver declaración de la Mesa Ejecutiva de AGD: https://agduba.org.ar/un-fallo-contra-el-movimiento-obrero/

Los Becarios Estímulo CIN somos estudiantes de grado de distintas universidades del país, seleccionados por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para desarrollar trabajos de investigación en el marco del programa “Becas de Estímulo a las Vocaciones Científicas (Becas EVC-CIN), por un período de un año (septiembre 2015/agosto 2016). En particular, los estudiantes que formamos parte de distintas facultades de la UBA vimos la necesidad de organizarnos frente a las condiciones de precariedad que ofrece la beca y fundamentalmente como consecuencia del reiterado retraso en el pago del estipendio, tanto por parte del CIN como por parte del rectorado de la UBA, que hasta la fecha solo ha respondido con excusas burocráticas frente a nuestro reclamo.

El monto de la beca actualmente es de $1.500, un valor de por sí muy bajo e insuficiente desde el inicio -incluso en comparación con el programa de “Becas de Estímulo” que otorga UBA. Para la cantidad de horas de trabajo exigidas (12), la beca paga $31,25 la hora, un monto que de conjunto constituye solamente los gastos de viáticos. El fuerte proceso inflacionario y los recientes aumentos en transporte y servicios públicos han reducido notablemente el poder adquisitivo del estipendio. Sumado a esto, el pago atrasado de dos meses (enero y febrero, se depositaron ambos el 10 de abril) es un fenómeno que se repite: al día de la fecha no hemos recibido pago por el trabajo realizado durante los meses de marzo, abril y mayo. La beca, a su vez, posee una cláusula de dedicación exclusiva que impide desarrollar cualquier otra actividad rentada, lo que torna más urgente el pago del estipendio y el aumento del mismo. No obstante, el bajo monto del estipendio así como el atraso del único ingreso con el que contamos deriva en la necesidad de acceder a un trabajo en negro en caso de no contar con algún apoyo familiar, como también en la imposibilidad de desarrollar nuestro trabajo en óptimas condiciones y así llegar a los objetivos de la beca.

Las condiciones precarias del Programa de Becas EVC-CIN no son una casualidad, sino que representan una constante en todo el sistema científico. De esta manera, nuestro reclamo confluye con la lucha de muchos becarios precarizados que exigen mejores condiciones laborales, aumentos salariales acorde a la inflación, aportes jubilatorios, entre otros.

Sabemos que las respuestas llegarán sólo de la mano de un reclamo colectivo. Hasta la fecha, hemos presentado en abril una carta al Secretario de Ciencia y Técnica Anibal Coffone, con copias a varias subsecretarías de cada facultad. A raíz de tal comunicación, recibimos un mail justificando el retraso del pago como consecuencia del cambio de autoridades de CIN principalmente, y la fecha de los próximos pagos, haciendo omisión al conjunto de reclamos allí expresados. Respondimos enviando una nueva carta y, a falta de respuesta, el viernes 3 de junio hemos ingresado otra carta en la Secretaría de Ciencia y Técnica. Al día de la fecha CONTINUAN ADEUDANDONOS 3 MESES, y no han respetado los plazos que ellos mismos han dado para regularizar la situación. Entendemos que la responsabilidad corresponde

principalmente a la UBA, institución a la que pertenecemos y con quien hemos firmado contrato.

A la alarmante situación se suma el incierto destino de las becas que sean renovadas, y el futuro anunciado de atrasos en el pago de estipendios en la nueva convocatoria, dado que este fenómeno es recurrente todos los años.

Por todo lo antedicho exigimos:

• PAGO INMEDIATO DE LO ADEUDADO

• BONO DE RESARCIMIENTO POR LA DILACIÓN DE LOS PAGOS

• AUMENTO URGENTE DEL ESTIPENDIO

• REUNIÓN INMEDIATA CON LAS AUTORIDADES DE LA UBA

Te invitamos a plegarte a nuestros reclamos, enviándonos tu adhesión.

Entendemos que esta lucha es una más en el marco de la defensa de la educación pública y de la carrera de investigación, salida laboral a futuro de muchos de nosotros. Además, si sos becario CIN o postulante y todavía no estás organizándote, podes utilizar cualquiera de nuestros contactos para sumarte a la lucha y a las instancias de discusión y organización.

INVESTIGAR ES TRABAJAR

BECARIOS CIN-UBA ORGANIZADOS

Facebook: Becarios Estímulo CIN Adhesiones: becarioscinuba@gmail.com

En los últimos días, todos los docentes de la Universidad de Buenos Aires han recibido la primera cuota del aumento correspondiente al acuerdo salarial firmado. Si bien hubo demoras injustificadas por parte de la patronal, porque este aumento debía cobrarse el 1° de junio con el salario de mayo, finalmente fue depositado. Sin embargo, los becarios/as de postgrado de la UBA no hemos recibido a la fecha el aumento que nos corresponde.
Luego de una intensa lucha, los becarios de doctorado y maestría de la Universidad obtuvimos, en 2015, la equiparación de nuestras becas al cargo de JTP Exclusiva. Esto implicaba, además de la equiparación de nuestros salarios al monto correspondiente, nuestra inclusión en la paritaria docente. En la práctica, esto quería decir que no íbamos a tener que luchar cada año para recibir el aumento firmado para el conjunto de los docentes universitarios.
Sin embargo a un año de haber logrado la equiparación, la UBA incumple la resolución aprobado por Consejo Superior y no nos da una respuesta respecto de cuándo cobraremos el dinero adeudado. Gracias al acuerdo firmado por la burocracia sindical en 2015, los becarios/as no recibimos un aumento de sueldo desde noviembre del año pasado, lo cual hace nuestra situación salarial insostenible en un contexto de devaluación, tarifazos y aumentos generalizados. Por estos motivos, exigimos a las autoridades de la UBA cumplir con la equiparación aprobada por el propio Consejo Superior y depositar a la brevedad el aumento que nos corresponde. Advertimos que, de lo contrario, nos veremos forzados a salir a la calle a movilizarnos hasta lograr la efectivización del aumento.

BECARIOS UBA

La Mesa Ejecutiva de AGD UBA manifiesta su repudio al fallo de la Corte Suprema de Justicia en el caso del trabajador Francisco Orellano, despedido por la patronal de Correo Oficial por haber ejercido el derecho de huelga sin el aval del sindicato. La decisión de la justicia fue la de ratificar una política antiobrera, que limita el derecho de huelga y reserva todo el poder de decisión a los sindicatos centrales, esto es, reforzando el poder de las burocracias. Todo resulta más brutal si se piensa que, según el fallo, Orellano debía haber esperado a que el eterno Ramón Baldassini (videlista, menemista, kirchnerista, macrista) llamara a una medida de fuerza.

En este contexto, donde hay una fuertísima ofensiva contra los trabajadores sobre la base de despidos, represión, inflación, ajustes y tarifazos por parte de patronales, de los gobiernos provinciales y del Gobierno nacional, resulta claro que este intento de cercenar el derecho de huelga de los trabajadores es completamente funcional. De hecho, se suma a la reciente decisión de Macri de vetar la ley anti despedidos en un claro posicionamiento a favor de los empresarios.

Llamamos a todas las organizaciones sindicales y al conjunto de los trabajadores a preparar una campaña para repudiar masivamente este fallo y para empezar a construir un camino de organización, coordinación y de lucha con todos los sectores antiburocráticos para ponerle un freno a todas estas políticas que golpean las condiciones de vida y los derechos de los trabajadores.

Miércoles 15 de junio, de Pizurno a Plaza de Mayo
Todos a la Marcha de Antorchas por el presupuesto y el boleto educativo
Logramos impactar al gobierno y a la opinión pública con la gran marcha del 12 de mayo. Vamos ahora por la realización de marchas en todo el país.
En el cuadro de reclamos de la docencia y el movimiento estudiantil en defensa de la universidad pública, la CONADU Histórica llama a realización de Jornada de protesta, de movilización y clases públicas este miércoles 15 de junio.
En Buenos Aires, junto con ADUNLu (el sindicato docente de la Universidad de Luján), ADEMyS (de media y superior de CABA), la FUBA y la coordinadora de estudiantes secundarios, AGD convoca a movilizar desde el Ministerio de Educación a la Plaza de Mayo.
Frente al ajuste y los tarifazos que también se descargan contra la universidad, docentes, estudiantes y no docentes nos movilizamos para reclamar aumento presupuestario, boleto educativo, más becas para los estudiantes.
El 15, todos a la marcha.
El 14, preparando la marcha, en VETERINARIAS, AGD organiza una charla sobre la paritaria y en SOCIALES sobre el Convenio Colectivo de Trabajo.
El 14, también te convocamos a acercarte al gremio para preparar las antorchas. Como las y los compañeros del Nacional Buenos Aires ya hicieron una marcha de antorchas, nos brindan un tutorial para fabricar antorchas https://www.facebook.com/agd.cnba/videos/2039208176303495/

Miércoles 29, 18hs., en SOCIALES (Santiago del Estero 1029): charla con Nora Cortiñas, Madres de Plaza de Mayo Linea Fundadora, y Carlos Sueco Lordkipanidse, del Encuentro Memoria,Verdad y Justicia. Coordina Néstor Correa

La AGD UBA hace propias las declaraciones del Encuentro Memoria Verdad y Justicia en repudio del decreto presidencial que habilita el autogobierno de las FFAA.

Las organizaciones del Encuentro Memoria Verdad y Justicia denunciamos el reforzamiento represivo que se oculta detrás del supuesto reordenamiento administrativo  del decreto 721 firmado por Macri.

Éste devuelve a las Fuerzas Armadas autonomía para resolver ascensos y bajas, designaciones de personal, traslados, premios, entre otras cuestiones que hasta ahora dependían de Ministerio de Defensa. De esta manera será el Jefe del Estado Mayor Conjunto de las FFAA quien designará a los oficiales y suboficiales del Estado Mayor, a los militares retirados para funciones docentes y a los agentes civiles, a quienes autorizará sus cambios de destino.

También habilita la incorporación de personal retirado para cumplir tareas docentes, cobertura sistemáticamente utilizada para mantener a genocidas dentro de la estructura militar, como fue el caso del contralmirante Roberto Pertusio: acusado desde 2006 por delitos de lesa humanidad, continuó en funciones hasta 2008.

Este decreto sale a la luz tras el discurso pronunciado por Macri en el Día del Ejército. Allí, Macri anunció aumentos de salarios y presupuesto para reequipamiento, pero fundamentalmente reivindicó la participación de las FFAA en el combate contra el terrorismo internacional. Es decir, la completa subordinación a las políticas del Departamento de Estado y la DEA norteamericanos y su participación en la seguridad interior. El genocida Cesar Milani, ascendido a jefe del Ejército por el gobierno de Cristina Fernández, aplaudió las palabras de Macri sentado en primera fila.

El decreto de Macri apunta a reforzar la alianza política con la corporación militar, como también lo ensayaron en el pasado otros gobiernos constitucionales ante escenarios de grandes crisis sociales. Hoy, esta alianza tiene la mira puesta en la resistencia popular al ajuste del gobierno nacional y los gobernadores. Lo confirman los sistemáticos ataques policiales y judiciales contra los trabajadores de Tierra del Fuego, Mendoza, Santa Cruz, Santiago del Estero, Jujuy y también en la provincia de Buenos Aires, con la represión a los trabajadores municipales en La Plata y el desalojo de los cortes de ruta de los obreros de Cresta Roja y Mascardi.

Denunciamos el decreto de Macri y también la hipocresía del control civil sobre las FFAA, porque éste nunca fue un obstáculo para que siguieran en actividad centenares de responsables de crímenes de lesa humanidad. La prueba está en que un genocida como Milani pudo alcanzar la jefatura del Ejército. En las Fuerzas Armadas todavía revisten miles de oficiales y suboficiales que estuvieron activos durante la dictadura.

Esta política de reforzamiento del Ejército no es rayo en cielo sereno, porque empalma con las leyes anti-terroristas y la participación del Ejército en el Operativo Escudo Norte del gobierno anterior.

Cárcel común y efectiva a todos los genocidas por todos los compañeros.  Apertura de los archivos de la dictadura.  Basta de ajuste y represión

Encuentro Memoria Verdad y Justicia

La AGD rechaza la intervención del Rectorado en el Congreso de la FUBA. El pasado 8 de junio, en el Consejo Superior, se resolvió pedir la intervención de la Inspección General de Justicia (IGJ), una dependencia directa del Poder Ejecutivo Nacional, en el Congreso de renovación de autoridades de la FUBA convocado para el próximo martes 14 de junio. Al frente de la IGJ, el Gobierno de Mauricio Macri colocó a Sergio Brodsky, un ex funcionario de la UBA de Franja Morada ligado al ex vicerrector, y subjefe de la Side, Darío Richarte.

A poco de celebrar un nuevo aniversario de la Reforma de 1918, esta resolución constituye un ataque a la organización independiente del movimiento estudiantil. Exigimos que se deje sin efecto esa resolución y que, como corresponde a las mejores tradiciones, sean los estudiantes los que decidan cómo organizarse y cómo elegir a sus representantes.

Este lunes 13 de junio y martes 14 cita de honor en defensa del taller San José y de todos los trabajadores del Subte que luchan y se organizan por sus condiciones de trabajo. En el marco del reciente fallo de la Corte Suprema contra el derecho a huelga. Concentramos 9 hs, en el Juzgado Tacuari 138.

La AGD se solidariza con los trabajadores de Ecotrans que llevan adelante un plan de lucha con movilizaciones, paros y asambleas permanentes para frenar el vaciamiento del empresario Cirigiliano quien firmara un acuerdo con otras cuatro empresas que se harían cargo del servicio, tres de las cuales, como ya han denunciado los trabajadores, están concursadas.

Se trata de una nueva estafa de los Cirigliano, los que llevaron a 51 pasajeros de Once a la muerte en razón de una cadena de corrupción que involucraba a funcionarios del Estado, la burocracia sindical y los inescrupulosos empresarios.

En defensa de las fuentes de trabajo, pero también de un transporte público para la zona oeste, la AGD manifiesta su apoyo y se pone a disposición de los compañeros.

AGD UBA en CONADU HISTÓRICA

Tras el reclamo por carta documento al Rectorado por no depositar en tiempo y en forma el incremento salarial el primer día hábil, finalmente Hacienda dispuso el 8 de junio el depósito de lo que corresponde por primera cuota (18%) y por garantía salarial. Llamamos a todas y todos los docentes a controlar sus cobros y a consultar al gremio por cualquier duda.

 

Hechos de inseguridad que se viven en el predio de la facultad de Agronomía y Veterinaria, junto con el Centro Universitario Regional Paternal, que implica que estudiantes y docentes acudan a cursar y trabajar en un área liberada generaron la preocupación de vecinos y de la comunidad universitaria. Los reiterados pedidos estudiantiles a las autoridades universitarias de iluminación y seguridad no docente fue resuelta con cámaras seguridad el predio de veterinarias que no respondieron la preocupación estudiantil. Se suceden hurtos y hasta violaciones en un predio con presencia policíal.

En el marco de #Niunamenos nos movilizamos los docentes junto con los estudiantes y vecinos, el día 3 de junio a las 7hs en av. San Martín y Nogoya para concientizar que el Estado es responsable de nuestra seguridad.

AGD Veterinarias